Gobierno desiste de expropiar templo evangélico en La Habana

Autoridades de la capital intentaron expropiar un templo de la denominación Asambleas de Dios en la localidad de La Palma, La Habana, pero no pudieron concretar su intención.

"Gracias a la rápida gestión del pastor Osmani Lobato y la abogada de la iglesia en la Dirección local de Vivienda parece que todo va a solucionarse", comentó para Evangélico Digital la directiva de Unidad Pastoral, proyecto al que pertenece Lobato.

Al parecer en la Dirección de Vivienda hubo una pérdida del expediente del local donde opera la congregación, pero fuentes consultadas no descartan la intención de castigar a la denominación por parte del gobierno.

"Felizmente el pastor estaba presente cuando llegaron las autoridades y no dejó que le pusieran el sello de clausura al templo. Sino el procedimiento sería otro, mucho más difícil", agregó.

Un vocero del Instituto Patmos, que vela por la libertad religiosa en Cuba, explicó que el líder de la iglesia había sido instado a abandonar la edificación junto a su membresía esta mañana.

“Los pastores fundadores de esa iglesia emigraron a Estados Unidos y antes de irse donaron el edificio a la denominación”, explicó la fuente. “Pero ahora, por una modificación de la Ley de vivienda de 2012 puede declararse nula la donación”, comentó.

“Eso es lo que están haciendo, aún no han ejecutado la expropiación, pero ya la notificaron, las Asambleas están reclamando, pero cuando se cumpla el término legal les amenazan en serio con el desalojo”, expresó.

Moisés de Prada, Superintendente General de Asambleas de Dios, fue uno de los líderes frente al grupo de iglesias que exigió al gobierno mayores garantías y libertad religiosa durante la pasada reforma constitucional.

De Prada y más de una veintena de presidentes de asociaciones evangélicas condenaron también la llamada ideología de género insertada en la Carta Magna, por motivo de su fe, y se negaron a hacer propaganda por el Sí [para aprobar la nueva Constitución] en sus iglesias.

Las presiones gubernamentales contra los religiosos han aumentado tras el referendo constitucional, como reprimenda.

Recientemente en la ciudad de Manzanillo otro líder pentecostal fue requerido por el Ministerio de Agricultura para expropiar un templo que lleva usándose por dos décadas.