La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo restablecer la libertad religiosa, liberar a los presos políticos y reinstaurar el derecho al voto en Nicaragua.

La iniciativa fue presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, sin embargo, al principio recibió la oposición de Brasil, México y Uruguay alegando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países.

A pesar de las discrepancias, el texto fue aprobado por unanimidad donde se exige a Ortega y Murillo “restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir que los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las personas empresarias y otras organizaciones del sector privado disueltas reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos”.

Sobre el tema de bienes, el documento hizo foco a “proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva”.

También se demandó “el acceso a los registros civiles y todos los derechos relacionados a todas las personas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y permitir su regreso seguro y voluntario sin temor a represalias incluidos, entre otros a líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas, y defensores de derechos humanos”.

Las exigencias sobre el tema religioso coinciden con las advertencias realizadas en mayo por la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) donde señalan como las iglesias evangélicas y católicas continuaban enfrentando prohibiciones.

Uno de los casos más mediáticos fue la detención de 11 integrantes de la organización Puerta de la Montaña, la cancelación de la personalidad jurídica de entidades vinculadas con la Iglesia evangélica y la confiscación de bienes.

Más exigencias

Durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada en Washington para examinar la situación de Nicaragua también se decidió “restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional”.

Se exigió al régimen sandinista dejar en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada y restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político incluyendo mediante la revocación de aquellas disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente en 2025 y 2026, que subviertan la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político o los derechos protegidos internacionalmente, y la toma de medidas concretas para restaurar esas garantías”.

Elecciones libres

Otro de los puntos exhorta a “establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble”.

Por otra parte, se hizo énfasis en la necesidad de “interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad".

Además, la resolución establece la creación de un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”, “entablar un diálogo con todo el espectro de los sectores políticos” y “elaborar y entregar recomendaciones” en un plazo de 60 días para evitar que Ortega y Murillo consoliden sus decisiones autoritarias.