Cunde la voz de alarma ante la aprobación en Reino Unido de una legislación sobre muerte asistida el mes pasado, lo que significa que pronto podría permitir a las personas acabar con su vida de forma voluntaria con independencia de su edad en determinadas circunstancias.

El proyecto de ley Terminally Ill Adults (End of Life) legalizará la muerte asistida en Inglaterra y Gales para adultos con enfermedades terminales. Para que se convierta en ley faltan algunas instancias, pero el escollo más importante ha sido superado y los mayores con enfermedades terminales que esperan la muerte en un plazo de seis meses podrán solicitar al Estado que los ayude a acelerar el proceso.

Una de las cuestiones a debate es sobre las pensiones y patrimonios, que pueden ser heredados sin costes sobre la renta si la persona fallece antes de los 75 años, pero luego tienen un 45% de retención de impuestos para los herederos.

Cuando la muerte asistida se legalice, una persona cercana a cumplir esa edad podría enfrentarse a la difícil decisión de elegir entre prolongar su vida o ahorrar a su familia cientos de miles de libras en impuestos. Y sin duda también puede darse el caso de que los familiares de los ancianos les presionen para que adelanten su muerte.

Al margen de las herencias, la inmensa mayoría de asociaciones y grupos de defensa de personas discapacitadas y médicos especialistas en cuidados paliativos han expresado su enorme preocupación de que la ley presione a personas vulnerables para que pongan fin a sus vidas y se comience a correr la Ventana de Overton hacia futuras leyes que legalicen la eutanasia para discapacitados, pobres y deprimidos. Durante una entrevista, la especialista en cuidados paliativos Katharine Sleeman dijo: «Me preocupa que exista una posibilidad real de que, si se implementa la muerte asistida, las personas se vean empujadas a hacerlo simplemente porque no pueden obtener la atención médica que necesitan.

Propuesta de ley en Holanda

Este cambo cultural que afecta a los ancianos se está dando de forma global. Por ejemplo en Holanda la Izquierda Verde ha presentado una propuesta de ley para que la voluntad del paciente de seguir viviendo no sea determinante, sino que quedaría a cargo de la opinión de un geriatra sobre las expectativas de calidad de vida del paciente.

En base a este criterio, detener un tratamiento o no aplicarlo equivaldría a “aumentar la calidad de vida del paciente”, explicó Hanna Willem, presidenta de la asociación holandesa de Geriatría Clínica, que apoya la sugerencia. Así se evitaría, dice, la “hospitalización, las anestesias, el dolor y un aluvión de fármacos”.

En Holanda las personas solo recibirán una pensión estatal cuando tengan 67 años y 3 meses, que aumentará a 70 años. La esperanza de vida es en la actualidad ligeramente superior a 81. El 70% de los pacientes en los hospitales holandeses tienen más de 70 años, y la sugerencia de Izquierda Verde ahorraría pensiones y el coste de los tratamientos e ingresos, que justifican basándose en que no deberían recibir el mismo tratamiento que los pacientes de menor edad, estableciendo un protocolo que elimine tratamientos avanzados y costosos, lo que incluiría operaciones cardíacas, quimio y radioterapia, diálisis renal y similares.

Una realidad terrible en otros países

La preocupación por la aplicación de la eutanasia no es ólo teórica, sino que se basa en los casos reales que vienen ocurriendo en otros países en los que el recorrido ha sido idéntico.

Bajo el régimen de Canadá, se permite matar personas por razones sociales, gente pobre, sin casa, desempleados. En menos de una década una ley como la recién votada en UK se transformó en una alternativa de «política social». Se hizo famoso el caso de Amir Farsoud después de que el Estado le ofrecieran la eutanasia “porque no tenía hogar” (afortunadamente fue salvado por una recaudación de fondos). También fue tristemente célebre la historia de la atleta paralímpica Christine Gauthier, quien solicitó una silla para subir las escaleras al Departamento de Asuntos de Veteranos de Canadá, y a cambio le ofrecieron la eutanasia. Son famosos también los casos de Shanti de Corte y de  Zoraya ter Beek, dos jóvenes sin enfermedades terminales, asesinadas por el Estado a causa de depresiones y traumas profundos.

En Bélgica y en Países Bajos, el suicidio ya es un servicio estatal para solucionar enfermedades y crisis mentales, ni siquiera se va a respetar la línea roja de eutanasiar niños. En Oregón se han autorizado muertes asistidas en casos de anorexia, artritis y complicaciones por caídas.

Ingeniería social y cultura de la muerte

Las leyes de ingeniería social que abogan por la cultura de la muerte (en especial aborto y eutanasia) siguen un mismo patrón. En un principio se plantean solo para casos extremos. Cuando se logra el consenso social, se da un paso más y se aprueban de forma generalizada.

El paso siguiente con relación a la eutanasia será la presión para aplicar esas leyes incluso a quienes en principio no las desean. Esto favorecido por el incremento de los gastos en pensiones que es inasumible para muchas naciones. Facilitar o promover la muerte de los ancianos podría ser una herramienta para recortar esos gastos.

Una realidad que es visible también en la legislación del aborto, siendo el uso de la ley en la práctica (entre otras cosas) un método para aplicar la eugenesia en los embriones diagnosticados de síndrome de Down; lo que hace que en países como Islandia ya no lleguen nunca a nacer.