"La extracción forzada de órganos en China parece estar dirigida contra detenidos de minorías religiosas, étnicas o lingüísticas específicas'', acusa un comunicado conjunto firmado por varios Relatores Especiales de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, emitido en Ginebra.

“Estamos profundamente preocupados por los informes sobre el trato discriminatorio de los prisioneros o detenidos por su origen étnico y religión o por sus creencias. A muchos de ellos no se les explican las razones del arresto ni cuentan con orden de aprehensión en diferentes lugares", remarca.

“Según las denuncias recibidas, los órganos más comunes que se extraen de los presos son, corazones, riñones, hígados, córneas y, con menos frecuencia, partes del hígado. Esta forma de tráfico con carácter médico presuntamente involucra a profesionales del sector de la salud, incluidos cirujanos, anestesistas y otros especialistas médicos ”, sostiene la ONU.

Los expertos piden a China que responda con prontitud a las acusaciones de "extracción de órganos" y que permita un seguimiento independiente por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria  también ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la práctica de extraer órganos de los prisioneros de una determinada creencia religiosa. “Sigue preocupando la falta de supervisión independiente sobre si los presos o detenidos dan efectivamente el consentimiento para la donación y la asignación de órganos. También se informa que las familias de los detenidos y presos fallecidos no pueden reclamar sus cuerpos”, dijo el Grupo de Trabajo de la ONU.

Un proceso perfectamente estructurado

Ya en 2006 y 2007 expertos de derechos humanos de la ONU habían planteado el problema al gobierno chino y el posible tráfico de órganos humanos: "Desafortunadamente, las respuestas del gobierno carecían de datos como tiempos de espera para la asignación de órganos o información sobre las fuentes de los órganos".

Los expertos de la ONU revelan haber recibido información creíble de que los detenidos de minorías étnicas, lingüísticas o religiosas pueden ser sometidos a la fuerza a análisis de sangre y exámenes de órganos, como ecografías y radiografías, sin su consentimiento informado, mientras que otros presos no están obligados a someterse a tales exámenes.

Según los relatores, los resultados de los exámenes se registran en una base de datos de fuentes de órganos vivos que facilita la asignación de órganos a posibles receptores.

En este contexto, los expertos subrayan que la falta de datos disponibles y sistemas de intercambio de información son obstáculos para la identificación y protección exitosa de las víctimas de la trata de órganos, así como  la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los traficantes.

Firman el comunicado Siobhán Mullally, Relatora Especial (RE) sobre trata de personas; Tlaleng Mofokeng, RE sobre el derecho de toda persona al disfrute de salud física y mental; Fernand Varennes RE sobre cuestiones de las minorías; Ahmed Shaheed RE sobre libertad de religión y creencias; Nils Melzer, RE sobre tortura y otros crueles inhumanos y degradantes; Dubravka Simonovic RE sobre la violencia contra la mujer; Fionnuala Ní Aoláin, RE sobre promoción y protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

De igual manera suscriben Elina Steinerte (Presidenta-Relatora), Miriam Estrada-Castillo (Vicepresidenta), Leigh Toomey, Mumba Malila y Priya Gopalan, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria.