El creador de contenido Samuel Adrián fue detenido en Cali luego de incumplir una orden judicial que le exigía retirar temporalmente su documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, pieza en la que denuncia procedimientos irregulares de transición de género en menores dentro de una clínica especializada.

La clínica mencionada en el documental habría solicitado esta medida cautelar argumentando que el contenido afectaba derechos fundamentales de pacientes y profesionales, y que debía ser evaluado judicialmente antes de continuar su difusión.

La medida, dictada por un juzgado de la ciudad, ordenó 10 días de arresto por desacato, una sanción contemplada en la legislación colombiana cuando se desobedece una instrucción judicial.

Colombia: Fábrica de Niños Trans es una producción realizada por Samuel Adrián que aborda tratamientos médicos relacionados con menores de edad y la atención de personas con disforia de género. El documental incluye testimonios y grabaciones que, según el propio productor, forman parte de una investigación rigurosa sobre los procedimientos médicos aplicados a menores. La producción también menciona a profesionales y centros médicos relacionados con estos tratamientos, entre ellos la Fundación Valle del Lili.

La detención de Samuel Adrián ha abierto un debate nacional sobre los límites entre las medidas judiciales, la libertad de expresión y la protección de menores. Mientras la justicia colombiana sostiene que actuó para garantizar derechos fundamentales, voces públicas en la región denuncian un precedente de censura y un riesgo para el debate democrático.

Defensa del autor del documental Colombia: Fábrica de Niños Trans

Desde su publicación, el material ha provocado un fuerte debate. Mientras Samuel Adrián defiende la producción como una investigación sobre un asunto de interés público, otras organizaciones y sectores pro-ideología de género han cuestionado la manera en que el documental presenta las infancias y adolescencias trans y han querido señalar posibles problemas relacionados con la información divulgada para apoyar su postura.

Adrián sostiene que su trabajo busca visibilizar prácticas que considera perjudiciales para menores, incluyendo intervenciones médicas irreversibles y tratamientos hormonales en edades tempranas, y que en conciencia no puede retirar esta denuncia ante hechos tan terribles.

Debate social y político

Entre las muchas reacciones en redes sociales y en medios públicos, destacan las de dos referentes políticos peruanos de fe evangélica, Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui de Aguayo.

Alejandro Muñante, congresista peruano, denuncia censura y defensa de la libertad de expresión, y sostiene que la detención constituye un acto de persecución contra quien denuncia prácticas que involucran a menores.

En su perfil público de Facebook afirma que “la defensa de nuestros niños no puede convertirse en un crimen”; y añade: “La libertad de expresión y el derecho a informar no pueden ser perseguidos” y llama a mantenerse firmes en la defensa de la verdad y la protección de la niñez.

En la publicación del congresista peruano expresa que “mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo con niños: intervenciones irreversibles en sus cuerpos y tratamientos hormonales desde edades tempranas” no puede considerarse un delito.

Además el también abogado argumenta que la orden judicial constituye una forma de censura previa, prohibida por la Constitución colombiana, y que la difusión del documental se ampara en el derecho a informar sobre asuntos de interés público relacionados con la niñez.

Muñante cuestiona el alcance del poder judicial al señalar: “¿Hasta dónde puede llegar el poder para silenciar a quien denuncia?” , y añade que “la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a cuestionar prácticas que involucran a nuestros niños deben ser defendidos”.

En la misma línea, la senadora -y activista en favor de la infancia peruana- Milagros Aguayo expresó su preocupación por las medidas adoptadas en Colombia, afirmando que “defender a nuestros niños no puede ser motivo de censura”.

En declaraciones públicas señala que “La protección de la niñez y la libertad de expresión son principios que debemos defender, siempre dentro del respeto a la ley y al debido proceso”, y añade que “las ideas se responden con argumentos, no silenciando el debate”. Desde Perú, reafirma su compromiso con la defensa de las libertades fundamentales y la discusión abierta sobre temas sensibles que involucran a menores.