La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez se encuentra en prisión acusada de gope de Estado, sedición y terrorismo; por su llegada a la presidencia del país tras la huída de Evo Morales en 2019. Áñez se encuentra en las instalaciones capitalinas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen, en una imagen impactante que resume el terremoto político que ha estallado en el país.

La Fiscalía también activó la orden de detención contra cinco exministros: Arturo Murillo (Gobierno), Yerko Núñez (Presidencia ), Fernando López (Defensa), Álvaro Guzmán (Energía ) y Álvaro Coímbra (Justicia ). Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria declarada por la OEA como fraudulenta, y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.

"Me tienen incomunicada", se quejó ante la Prensa mientras era trasladada a la Fiscalía en lo que considera se trata de una "aprehensión ilegal, sin previo aviso. Así es el abuso, así es el atropello". Impacta la forma brusca en que fue detenida en su domicilio y sacada en pijama para pasearla de manera publica por las calles gélidas de La Paz.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch declaró que "Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo".

"La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones", denunció Áñez a través de sus redes sociales antes de la detención.

"Los autores del fraude electoral se amnistían y pretenden ser víctimas", denunció el ex presidente Carlos Mesa. Según el que también fuera rival electoral de Morales y de Arce, "el MAS está construyendo un caso para que el supuesto golpe de Estado sustituya el fraude electoral. Intentan legitimar el fraude a partir de la amnistía para Evo".

Un ‘golpe de Estado’ que ‘no existió’

"Denuncio ante Bolivia y el mundo que en un acto de abuso y persecución política, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos", escribió Áñez en su cuenta de Twitter al ser detenida.

Las acusaciones de sedición contr Añez arrancan tras el fraude electoral de Evo Morales en 2019; comprobado por la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que precipitó la fuga de Bolivia del líder del MAS, arrinconado por las protestas populares en las principales ciudades del país, la rebelión de policías en Cochabamba (se negaron a arremeter contra los manifestantes), la deserción de parte de sus colaboradores y la postura de los jefes militares, que aconsejaron a Evo que dimitiera en noviembre de 2019.

Janine Añez ocupó la Presidencia del país siguiendo el orden Constitucional, y con enorme riesgo, tanto que los cargos que la precedían en esa escala no se atreveron a asumir su responsabilidad. Incluso el MAS y Luis Arce (actual presidente) reconocieron la legitimidad de su actuación.

Esto lo explica la abogada boliviana proderechos humanos, de fe evangélica, Fátima Oliva en este breve audio:

Tras su mandato interino Añez convocó elecciones democráticas a las que, como había anunciado, no se presentó.

Una acción orquestada por Evo Morales

El caso, bautizado como "Golpe de Estado", fue iniciado por Lidia Patty, ex diputada del MAS, aunque la oposición señala directamente a Evo Morales. "Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura", arengó Evo.

Aunque el trasfondo de esta reacción -y dicen que la causa desencadenante- está en la primera vuelta de las elecciones regionales y municipales celebradas el pasado domingo, en las que el MAS no consiguió refrendar su victoria en las presidenciales del año pasado. Un duro revés en el que no sólo perdió la capital, también su bastión de El Alto, además de Santa Cruz y Cochabamba. La arremetida contra opositores y militares sucede en medio de las críticas internas contra Evo por el "dedazo" aplicado en la elección de sus candidatos.

En este mismo sentido, la Plataforma para la Transformación (entidad evangélica boliviana que dirige el proyecto "Voto consciente") ha denunciado que tras los malos resultados para el MAS de las elecciones departamentales y municipales se está atropellando a ciudadanos y autoridades pasando por encima de los derechos constitucionales.