Entre las reacciones a la decisión del Congreso Nacional hondureño de aprobar una ley que protege penalmente la vida del no nacido en gestación, ha causado indignación el activismo en su contra de la oficinalocal de Naciones Unidas, encabezada por la coordinadora de la oficina en el país Alice Harding Shackelford.

También quedó reforzada la institución familiar tradicional con la prohibición constitucional (art 112) del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Mientras el país centroamericano celebraba en su mayoría lo que considera un avance en la protección de los seres humanos más vulnerables de la sociedad, la oficina de Naciones Unidas expidió un comunicado presionando la no ratificación de la reforma y asumiendo la vocería de las organizaciones feministas y LGTB más radicales a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por ello, casi tres mil personas han firmado una carta dirigida a António Guterres (Secretario General de Naciones Unidas), Juan Orlando Hernández Alvarado (Presidente de Honduras). El Comité Provida de Honduras la ha presentado en Presidencia, el Congreso y la ONU.

A través de esta nota expresan “la profunda indignación” que les ha causado el comunicado de prensa suscrito por la coordinación de Naciones Unidas de Honduras, difundido el pasado 23 de enero, a través del cual “la organización presionaba al Gobierno de Honduras a revertir su decisión de proteger constitucionalmente y de forma integral la vida humana en gestación, y la familia como base fundamental de la sociedad”.

Interpretan los firmantes que el sistema de Naciones Unidas “así se desvía de su función, que es la de ser un agente de desarrollo y solidaridad internacional, para convertirse en un instrumento de organizaciones radicales y minoritarias en el país, que promueven una agenda que no se identifica con los deseos de paz y justicia del pueblo hondureño”.

Por ello, de forma concreta “condenan enérgicamente la conducta y la intromisión política de la señora Alice Harding Shackelford” (delegada de la ONU en Honduras) y piden “su reemplazo inmediato, o en su defecto, el cierre de la oficina (de la ONU) en el país”, hasta que no se pueda garantizar que sus actividades observarán el mandato para el cual fue constituida, y se comportará con respeto de las instituciones y la soberanía del pueblo hondureño.

Apoyo del C.Iber

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (C.Iber) ha apoyado esta carta, y ha declarado en su portal de Facebook que “la Organización de Naciones Unidas, ha creado a lo largo de sus 75 años de vida, innumerables organismos autónomos con propósitos coadyuvantes, pero que sin embargo, no representan a la institución misma sino a sus propias agendas. Por tanto las resoluciones de estas dependencias no son vinculantes y deben someterse a un criterio ineludible que está planteado en la carta fundacional de la ONU: la no intervención en la libre determinación de las naciones”.

Por todo ello, consideran que “resulta una descortesía diplomática y una falta de tacto político de la señora Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Honduras encargada de los programas de desarrollo a nivel de país, contenidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo opinar sobre la decisión soberana del poder legislativo para blindar el formato para modificar la Constitución de Honduras en relación al derecho a la vida”.

Considera el C.Iber que “nadie, en representación de la ONU, ni la ONU misma, puede opinar cómo legislar o sobre qué temas y en qué sentido una nación soberana puede hacerlo. Hasta ahora no hemos sabido de ningún apercibimiento de alguna dependencia de la ONU a la Argentina por su decisión de aprobar el aborto, por ejemplo. Eso deja en claro que se trata de una agenda ideológica”.