Esta semana pasada se vivieron dos hechos inéditos, y ambos significan sendos atentados contra la libertad y las expresiones religiosas. El primero fue el espectáculo audiovisual que el gobierno de la Ciudad de México está llevando a cabo por los 700 años de la fundación de esta ciudad, usando como pantalla la fachada de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el corazón del catolicismo mexicano. Durante la transmisión, además de diferentes dioses e ídolos prehispánicos, se incluyeron imágenes LGBT y del aborto. Es un insulto a la fe.

Pero el pasado viernes el tema escaló, en esta ocasión contra la Iglesia de las Asambleas de Dios. Ellos tienen bajo su custodia un predio que está limitado por la Avenida Ferrocarril de Cintura, la calle Alarcón y hacia el oriente, la Avenida Congreso de la Unión.

Un predio histórico

En ese lugar se realizó la primera construcción española después de la conquista: era un embarcadero, el lugar donde Hernán Cortés guardó los barcos con los que conquistó Tenochtitlán, se le conocía como la Casa de las Ataranzanas y es que hasta ahí llegaban las aguas del lago de Texcoco.

Con el paso de los años ahí se construyó un convento donde se habilitó un hospital para personas con enfermedades incurables, como la lepra, eran ahí recluidas pues se encontraba lejos de la ciudad y se le puso por nombre San Lázaro, en memoria de un hombre que ya había muerto y el Señor Jesús resucitó.

En el siglo XX se le entregó en custodia a la iglesia de las Asambleas de Dios, que ahí levantaron un templo, cuya entrada es por Ferrocarril de Cintura, una escuela adyacente, oficinas de distintos de sus ministerios y por la calle de Alarcón, el Instituto Ana Sanders, en memoria de la misionera que estableció en México la obra de Asambleas de Dios. Por ser un predio muy grande la propia iglesia organizó una inmobiliaria que administraba y rentaba espacios a empresas.

El predio, su posesión y uso tiene años en conflicto, entre otras razones, por albergar las ruinas del templo de San Lázaro que ha estado sin ningún tipo de cuidado o intervención de las autoridades de manera que hace unos años la bóveda se cayó. El predio ha sido varias veces invadido, vandalizado y hay varios juicios en proceso; además estando en una zona tan comercial lo hace apetecible a diversos intereses.

Desalojo y expropiación

Pues bien, el pasado viernes el predio fue intervenido y desalojado por el gobierno de la Ciudad de México, con auxilio de la Guardia Nacional, lo que lo hace un tema federal. El predio tiene más de 10 mil metros cuadrados y en él reside el Seminario Teológico Anna Sanders y la iglesia “Jesucristo Luz a las Naciones”, ambos cerrados durante el desalojo. El seminario ha sido durante más de 55 años un espacio de formación para pastores y líderes evangélicos.

Las autoridades de Asambleas de Dios por supuesto están armando ya la defensa jurídica, pero lo que debemos de resaltar es la manera tan violenta de realizar el desalojo, además haciéndolo cuando los juicios están en proceso y no con sentencias; pero ante lo que estamos es propiamente una expropiación lo que implica un tema que se debe considerar con mucho cuidado. Más del 70% de los templos en México son propiedad federal, eso implica que el Estado puede reclamarlos y darles “utilidad pública”, cualquier cosa que ellos quieran que eso signifique.

Para tenerlo en su justa dimensión esta expropiación tiene la excusa de que hay vestigios coloniales y que, además, están en condiciones ruinosas. Tienen el pretexto perfecto. Por otra parte el predio está subutilizado y, por si fuera poco, tiene varios juicios en proceso.

Con un gobierno presidido por una persona atea, como es la doctora Claudia Sheinbaum; y en la CDMX la señora Clara Brugada; con un régimen de izquierda y con inclinaciones dictatoriales; con un Congreso totalmente solicito para avalar cualquier cosa que el ejecutivo les envíe; y ahora, con un poder judicial sometido, el escenario es verdaderamente preocupante.