Autoría: Iris Borrero

Libertad de expresión, de prensa y del modelo educacional, las tres fuertemente controladas por la dictadura cubana, así como el fin de las prohibiciones de salir del país por motivos políticos o “regulación”, son los pilares de una carta abierta de siete artistas e intelectuales cubanos.

El grupo, integrado por siete cubanos de varias generaciones, incluyó entre sus demandas historias de coterráneos que han sufrido recientemente por las arbitrariedades del régimen. Por ejemplo, la del periodista independiente Ricardo Fernández, encarcelado varios días por su actividad reporteril, la de un grupo de Presidentes de denominaciones evangélicas que en julio el gobierno prohibió salir de Cuba, y la del matrimonio de Ramón Rigal y Adya Expósito, en prisión por practicar homeschooling.

En una propuesta inédita desde la ciudadanía, los suscritores abogan por la descentralización de la enseñanza por parte del Estado, que manipula los planes de estudio de todos los niveles de la educación con fines adoctrinadores.

La carta recuerda “el derecho de los padres, recogido en el Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a dar a sus hijos una educación acorde a sus principios y valores”. “Es un derecho de las personas y una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, y no al revés”, reclacó el documento.

La lista de firmantes incluye a cristianos residentes fuera y dentro de la isla, procedentes de las regiones occidental y oriental, y distinguidos en distintos campos.

Entre ellos Amir Valle (Guantánamo, 1967), reconocido como uno de los intelectuales más importantes del exilio cubano. Reside en Berlín y es analista internacional de la cadena alemana DW.

Alberto Garrido, es otro signatario que reside fuera de la isla: en Santo Domingo, República Dominicana. Es conocido por su libro El círculo de los infieles, Premio Casa de Teatro 2005, que lo sitúa entre los mejores narradores de su generación.

La periodista Yaiset Rodríguez, quien fuera reportera de la Televisión Cubana hasta fundar el proyecto comunicacional independiente La hora de la luz, y ha publicado en medios como la revista El Estornudo también se unió a la lista desde La Florida, Estados Unidos.

Rubricó el documento desde la ciudad de Las Tunas, en el oriente cubano, el escritor, profesor y artista visual Sacramento José Acebo, Premio nacional de literatura infanto-juvenil El Principito y Primer accésit del Certamen Internacional González-Waris 2014.

Firmaron desde La Habana Yoe Suárez, cuyo libro La otra isla ganó uno de los reconocimientos que entrega el Book Latino Award 2019, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador audiovisual Carlos Jesús (CJ) Martínez, productor del evento de música urbana Cuba United 2019.

Contra las dictaduras

La ciudadanía evangélica ha tenido un papel relevante en las luchas antidictatoriales en Cuba a lo largo del siglo XX. El ícono más relevante en este sentido es el joven bautista Frank País, quien lideró la red de guerrillas urbanas más importante del país contra el general golpista Fulgencio Batista, a finales de la década de 1950.

País lideró el alzamiento en armas de la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda en importancia de la isla, antes de ser asesinado por agentes de la tiranía a sus 22 años de edad.

Con la Revolución de 1959 y la asunción del comunismo en los círculos de poder, los cristianos fueron marginados y enviados, entre 1965 y 1968, a campos de concentración conocidos como UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción).

Esos campos de trabajo forzado se extinguieron gracias a la presión, en parte por organismos internacionales y misiones diplomáticas e, internamente, a valientes cartas de denuncia de varias denominaciones cristianas en el país en tiempos en que los críticos eran encarcelados u obligados al exilio.

En los años 90 se produjo en la ciudad de Camagüey la primera gran movilización antisistema cuando centenares de cristianos se congregaron ante el Tribunal local exigiendo la liberación del reverendo Orson Vila, un líder carismático encarcelado por las autoridades a causa de su liderazgo.

Vila, tras salir de prisión, se exilió en la ciudad estadounidense de Miami, donde reside y lidera un ministerio evangélico.

En 2018 la ciudadanía creyente se organizó para exigir modificaciones a la nueva Constitución comunista, por ejemplo que ampliaran las libertades individuales e institucionales respecto a la propiedad privada o el respeto por la Libertad de Conciencia. También hicieron demandas referentes a su credo que contradecía la Carta Magna.

Finalmente, la Iglesia dijo No al documento y la cristiandad fue el grupo de la sociedad civil que más resistió la propuesta estatal. Esto produjo amenazas, acoso, vigilancia, detenciones y prohibiciones de la libertad de movimiento contra líderes evangélicos por toda Cuba.

Durante los 60 años de castrismo, la creyente es la única comunidad que se ha mantenido fuera de la influencia estatal, preparando a sus líderes de manera independiente y con una agenda social distinta a los dictámenes del Partido Comunista. Estos elementos la convierten en un peligro para cualquier ideología totalitaria.

La "carta de los 7"

Agosto-octubre de 2019, autopista nacional

Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y Secretario del Partido Comunista, Raúl Castro[1]:

Cuba precisa el bien. Con hijos encarcelados y tanta voz segada no hay oportunidad de construir el país de todos.

El pastor Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito, fueron detenidos en abril de 2019 en la ciudad de Guantánamo por ejercer el derecho (consagrado en el Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) de dar a sus hijos una educación acorde a sus principios y valores. Ya en 2017 enfrentaron un juicio y fueron condenados a prisión domiciliaria por practicar la enseñanza en el hogar o "homeschooling".

Rigal y Expósito tomaron la decisión cuando su hija mayor, Ruth, volvió de la escuela con dolores en su cuerpo: había recibido una patada en el estómago, y había ocurrido por su fe cristiana. Ante el acoso o “bulling” escolar protegieron a la niña del modo que creyeron correcto, incluso a costa de sus propias libertades.

Por más de dos años la pareja lideró un grupo de nueve familias que sacaron a sus hijos de las escuelas estatales y se sumaron a un programa que incluía materias como matemáticas, gramática e historia, entre otras, mediante la metodología del colegio guatemalteco Hebrom, especializado en educación en el hogar. Tal movimiento espontáneo de la ciudadanía refleja inconformidades y un claro reclamo a diversificar la centralizada educación cubana.  

Una vez cumplida la primera condena, Rigal dijo en un audiovisual de la Asociación de Defensa Legal de Home School (HSDLA, por sus siglas en inglés) que el Gobierno le impidió abandonar Cuba junto a su familia aun cuando los boletos aéreos estaban comprados.

El 19 de abril Ramón Rigal y Adya Expósito, fueron sometidos a un juicio que irrespetó el debido proceso. No tuvieron tiempo suficiente para convocar a un abogado que condujera la defensa en un proceso judicial que arrojó dos años de privación de libertad para él y uno y medio para ella por "actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir".

Tras una demorada e infructuosa apelación, Rigal fue sometido sin justificación a régimen de severidad en la cárcel guantanamera donde hoy purga su condena.

EXIGIMOS el fin de las agresiones contra la familia Rigal-Expósito, la libertad para escoger la educación que los padres cubanos deseen para sus hijos, así como la descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles. Reconocemos el rol del Estado en el monitoreo de instituciones docentes, pero no como dueño exclusivo de la educación.

Es un derecho de las personas y una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, y no al revés. Los padres están obligados a alimentar a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y la realización de sus justas aspiraciones, educarlos y formarlos con valores morales, éticos y cívicos, más allá de la pretendida correspondencia con la sociedad socialista.

Si las autoridades no atienden el reclamo de siete intelectuales y artistas, al menos consideren las más de 30 mil firmas recabadas por HSDLA a través de la plataforma citizengo.org. El Estado debe proteger la familia, la maternidad, la paternidad y el matrimonio; separar a padres de sus hijos no es la mejor manera de cumplir ese deber.

Mientras el calvario de la familia guantanamera se desarrollaba, en julio de 2019 a varios presidentes de denominaciones protestantes cubanas se les prohibía salir del país para asistir a un evento sobre libertad religiosa en Washington. Eran “regulados”, una práctica que limita la libertad de movimiento aplicada, también y por décadas, a activistas, intelectuales, periodistas y una larga lista de actores de la sociedad civil que el Partido Comunista identifica como enemigos sistémicos.

EXIGIMOS el levantamiento de esa medida, violatoria de las libertades individuales, a todos los ciudadanos cubanos a quienes se les aplique por razones políticas. La lista del Instituto Patmos supera ya los 200 “regulados”.

De igual manera DEMANDAMOS la no criminalización del ejercicio periodístico y el activismo social fuera de la égida del Estado, así como las visiones diferentes a las del statu quo sobre el presente y futuro de Cuba. Actitudes como esta llevaron una semana a la cárcel, en julio pasado, al reportero y militante por los derechos religiosos Ricardo Fernández Izaguirre. Esa historia se ha repetido contra varios comunicadores.

El Estado, en la práctica y no solo en la letra, debe respetar, garantizar y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y reconocer a los ciudadanos, instituciones no estatales y asociaciones la libertad de prensa.

Cuba precisa el bien, y para eso la libertad de tanta gente y de ella misma.

Creemos y firmamos:

Amir Valle

Alberto Garrido

Yaiset Rodríguez

Yoe Suárez

Carlos Jesús (CJ) Martínez

Sacramento José Acebo

Antonio Lorenzo

***

August-October 2019, National Highway

Cuban President Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, Secretary of the Communist Party:

Cuba requires goodness. There are no opportunities to build a country for all while its children are imprisoned and so many voices are silenced.

Pastor Ramon Rigal and his wife, Ayda Expósito, were detained in April 2019 in the city of Guantanamo for exercising their right (consecrated in Article 26.3 of the Universal Declaration of Human Rights) to give their children an education in accordance with their principles and values. In 2017 they were tried and sentenced to house arrest for carrying out education in the home, or homeschooling. 

Rigal and Expósito made the decision after their oldest daughter, Ruth, came home from school with pain in her body. She had been kicked in the stomach because of her Christian faith. In the face of this school bullying, they protected the girl in the way they believed to be right, even at the cost of their own freedom.

For more than two years the couple led a group of nine families who removed their children from state schools and put them in a program that included subjects such as mathematics, grammar and history among others, using the curriculum of the Colegio Hebrón in Guatemala, which specializes in home schooling. This type of independent initiative on the part of its citizens reflects disagreements and a clear call to diversify the centralized Cuban education system.  

After he finished his first sentence, Rigal said, in a recording provided by the Home School Legal Defense Association (HSDLA), that the government blocked his family and him from leaving Cuba even though their flights were already purchased. 

On April 19, Ramon Rigal and Ayda Expósito were subjected to a trial that ignored all due process. They didn’t even have time to call a lawyer to defend them in a trial that resulted in two years of a loss of freedom for him and one and a half for her for "acts against the normal development of the child, illicit association and association to commit crimes.”

After a prolonged and fruitless appeals process, Rigal was sent, without any justification, to the maximum security section in the Guantanamo prison where he is now serving his sentence.

WE DEMAND the end of the attacks on the Rigal-Expósito family, the freedom for Cuban parents to choose the education that they want for their children, as well as the decentralization of education in Cuba at all levels. We recognize the role of the state in monitoring educational institutions, but not as the exclusive owner of education.

This is the right of all people and the responsibility of the family, society and the state in that order, not vice versa. Parents have the obligation to feed their children, to support them in the defense of their legitimate interests and the realization of their legitimate aspirations, to educate them and train them with moral, ethical and civic values, going beyond a supposed relationship with the socialist society.

If the authorities will not respond to the call of seven cuban intellectuals and artists, at least consider the more than 30,000 signatures collected by a request from HSDLA through the citizengo.org platform. The state must protect family, maternity, paternity and marriage; separating parents from their children is not the best way to fulfill that duty.

While the family in Guantanamo was experiencing their own Calvary, in July 2019, several presidents of Cuban protestant denominations were forbidden to leave the country to attend an event on religious freedom in Washington. They were "regulated", a practice that limits the freedom of movement and which has been applied for decades to activists, intellectuals, journalists and a long list of civil society actors that the Communist Party identifies as enemies of the system.

WE DEMAND the lifting of those measures which violate individual liberties on all Cuban citizens to whom it has been applied for political reasons. A list from Patmos Institute observed that in Cuba are more than 200 “regulated” citizens.

Similarly, WE DEMAND the non-criminalization of journalism and social activism outside the aegis of the State, as well as those who hold different visions on the present and future of Cuba compared to those of the status quo. Attitudes like these sent the reporter and religious rights activist Ricardo Fernández Izaguirre to jail for several days in July. This kind of story has been repeated until now.

The State, not just in letter but in practice, must respect, guarantee and protect freedom of thought, conscience and expression, and recognize freedom of the press when it comes to citizens, non-state institutions and associations.

Cuba requires goodness, and for that it needs freedom for its many people and for itself.

We believe and sign:

Amir Valle

Alberto Garrido

Yaiset Rodríguez

Yoe Suárez

Carlos Jesús (CJ) Martínez

Sacramento José Acebo

Antonio Lorenzo