Cristianos y defensores de los derechos humanos rechazaron una evaluación del gobierno británico donde se afirma que la legalización del suicidio asistido para enfermos terminales podría ahorrar al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido hasta 79 millones de dólares (59,6 millones de libras) al año.

Los grupos que se oponen a esta práctica señalan que el informe ignora la mayor vulnerabilidad de las personas con problemas de salud mental o discapacidades y se centra en matar en lugar de cuidar.

La organización benéfica Instituto Cristiano, denunció que el análisis predice entre 1.042 y 4.559 muertes asistidas cada año dentro de una década desde que la legislación propuesta sobre el denominado suicidio asistido entre en vigor.

Estudio financiero

La evaluación, encargada por el Departamento de Salud y Asistencia Social, examinó las implicaciones financieras del Proyecto de Ley sobre Adultos con Enfermedades Terminales (Fin de la Vida), presentado por la diputada Kim Leadbeater.

Se descubrió que reducir la expectativa de vida en varios meses a través del suicidio asistido reduciría los costos relacionados con servicios de ambulancia, admisiones hospitalarias, visitas ambulatorias, citas con el médico de cabecera, cuidados paliativos y medicamentos.

Los ahorros estimados se basan en el supuesto de que la muerte asistida ocurre dos meses después de lo que de otro modo sería una enfermedad terminal de seis meses, eliminando hasta cuatro meses de costos de atención médica por paciente.

El informe gubernamental de 149 páginas indica un coste sanitario per cápita de 22.000 dólares (16.500 libras esterlinas) durante los últimos seis meses de vida, de los cuales el 34 % se incurrió en el último mes. Si las muertes asistidas acortaran la vida en cuatro meses, el NHS podría evitar casi el 80 % de esos gastos por paciente, según el análisis.

El informe sugiere que el alivio financiero podría extenderse a menores costos de asistencia social y a un menor gasto en pensiones y beneficios.

Cifras no confiables

Según las denuncias, estas cifras forman parte de las proyecciones de costo-beneficio que siguen siendo muy inciertas, de hecho, resaltan que el término "incierto" aparece 36 veces en el informe, y métricas clave, como el costo o beneficio neto de la factura, están marcadas como "no aplicables" debido a datos incompletos.

Los autores reconocen que algunos aspectos importantes de la implementación aún no están definidos y deberían abordarse en una futura legislación secundaria. Por otra parte, las proyecciones se basan en comparaciones con Oregón y Canadá, donde el suicidio asistido ya es legal.

Voces disidentes

Los opositores al proyecto de ley argumentan que el enfoque en el ahorro financiero corre el riesgo de desviar las prioridades de la atención a la reducción de costos, con implicaciones peligrosas para las personas vulnerables.

Ciarán Kelly, director del Instituto Cristiano, afirmó que el proyecto de ley desviaría fondos de la atención médica hacia la muerte y que sería mejor dedicar el tiempo del debate a fortalecer los servicios paliativos.

Por su parte, la baronesa Tanni Grey-Thompson, ex atleta paralímpica y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, dijo que la evaluación del gobierno muestra cómo el proyecto de ley expondría a las personas discapacitadas y vulnerables a un grave riesgo al crear incentivos financieros para que un NHS sobrecargado considere la muerte asistida como una "opción de tratamiento" viable. Advirtió que dichos incentivos podrían generar una presión sutil o directa sobre individuos que ya se sienten como una carga por sus condiciones.

Los expertos jurídicos también han expresado serias preocupaciones sobre la compatibilidad del proyecto de ley con las protecciones de los derechos humanos.

Los abogados Tom Cross KC y Ruth Kennedy argumentan que el proyecto de ley no incluye garantías adecuadas para las personas con discapacidad, en particular para aquellas propensas a la ideación suicida.

Atentado contra la libertad religiosa

Las preocupaciones se extienden a las protecciones de conciencia institucionales. Si bien los médicos y enfermeros pueden optar por no participar, instituciones como hospicios o residencias de ancianos no tienen este derecho.

En el Reino Unido, los "Faith-based providers" (proveedores basados en la fe) son organizaciones que ofrecen servicios sociales, educativos o de apoyo comunitario, y cuya motivación y base principal es la fe religiosa.

Estos proveedores a menudo son instituciones religiosas o grupos que se involucran en la comunidad para ayudar a los que más lo necesitan, como personas con necesidades especiales, niños, ancianos, o personas en situación de vulnerabilidad.

Los detractores de la ley denuncian que estos proveedores religiosos o con una postura moralmente opuesta, podrían verse obligados a facilitar suicidios asistidos en sus instalaciones. Los críticos argumentan que esto equivale a coerción y socava la libertad religiosa.

Escasez de personal

El informe también identifica importantes desafíos logísticos y éticos. Uno de ellos es la escasez prevista de profesionales médicos dispuestos a participar.

Según cifras del propio gobierno, el 76% de los profesionales de cuidados paliativos afirmó no querer participar en suicidios asistidos, mientras que otro 14% se mostró indeciso, lo que resulta en una posible tasa de rechazo del 90% en el campo más relevante para los cuidados paliativos, según la organización Christian Concern.

En todas las especialidades, solo el 35 % de los profesionales sanitarios indicó estar dispuesto a participar. Está previsto que el proyecto de ley tenga una segunda lectura y una posible votación final en la Cámara de los Comunes el viernes.