El Dr. Kevin Sclater, médico de familia, trabajó 19 años en el hospicio Crossroads de Port Moody, Columbia Británica. Dimitió en diciembre, tras años de presionar contra la política del hospicio que permitía la eutanasia, también conocida en Canadá como asistencia médica para morir (MAiD por sus siglas en inglés).

Este hospicio no religioso es financiado por el gobierno, así que está obligado a proveer la eutanasia. Como cristiano evangélico, Sclater se sentía incómodo dando a los pacientes información sobre suicidio asistido. No estaba obligado a practicar la eutanasia, pero se le pidió que evaluara la idoneidad de los pacientes para recibir asistencia médica para morir, a lo que se negó.

“Al tener mis propias creencias personales en oposición tanto espiritual como emocional, social y profesionalmente, no me gustaba hablar con la gente sobre la AMiD”, dijo. “Pero tenía que hablarles respetuosamente sin que supieran que yo tenía mis propios prejuicios en contra, y la verdad es que ya no quería seguir haciéndolo”.

Situación de la eutanasia en Canadá

Canadá legalizó la eutanasia en 2016 con la aprobación de un proyecto de ley que permitía el suicidio asistido a quienes tuvieran una muerte “razonablemente previsible". En 2021, los legisladores ampliaron aún más las normas del suicidio asistido para incluir a pacientes que experimenten un dolor irremediable sin una muerte natural previsible.

El país tiene un sistema sanitario público universal en el que cada provincia interviene en la asignación de fondos. En Columbia Británica, los centros sanitarios que prestan atención al final de la vida y reciben más del 50% de financiación del gobierno son obligados a evaluar a los pacientes para el suicidio asistido y administrarlo, pero la ley hace una excepción para los centros confesionales.

Legisladores de todo Canadá siguen presentando proyectos de ley a favor de ampliar el suicidio asistido. En junio, Quebec aprobó un proyecto de ley para obligar legalmente a todos los centros de cuidados paliativos de la provincia a practicar la eutanasia sin tener en cuenta ninguna protección religiosa. Quebec experimentó un aumento del 51% de las muertes por suicidio asistido en un año.

Angelina Ireland es presidente de la Delta Hospice Society, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de atención y apoyo al final de la vida, pero no suicidio asistido. La sociedad tuvo durante años un hospicio con 10 camas. Sin embargo, en 2020, la autoridad sanitaria les notificó que cancelaría el contrato de arrendamiento de su edificio si no ofrecía eutanasia.

La sociedad planeó una reunión para considerar convertirse en una organización religiosa exenta de los requisitos de la eutanasia, pero tres de sus financistas solicitaron a los tribunales que detuvieran la reunión. El hospicio cerró a principios de 2021 y desde entonces ha pasado a manos de la autoridad sanitaria local.

Irland afirma que el gobierno ha ido más allá de la legislación sobre asistencia médica para morir.

“La ley no dice que haya que poner MAiD en todas las camas. La ley dice que hay que permitir el acceso a ella. Han convertido la ley en un arma y la han llevado a la enésima potencia”, dijo. “Al hacerlo, han destruido los cuidados paliativos y ahora quieren destruir la opción y las exenciones religiosas”.

Ireland señaló al Dr. Balfour Mount, médico canadiense al que se atribuye el mérito de ser pionero de los cuidados paliativos y de promover su adopción en Norteamérica. “Los cuidados paliativos no aceleran la muerte, sino que cuidan de las personas y sus familias”, afirmó. “No sólo de sus necesidades físicas, sino también sociales, psicológicas y espirituales”.

Mientras trabajaba en el hospicio Crossroads, Sclater dijo que era bastante común ver pacientes trasladados a hospitales cercanos si requerían apoyo adicional no proporcionado por el hospicio. Desde 2016, 402 pacientes de Providence Health Care han solicitado formalmente el suicidio asistido, y 131 han procedido posteriormente a su traslado a otros centros. Sclater dijo que la mayoría de los pacientes que necesitan trasladarse para acceder a la eutanasia pueden hacerlo fácilmente, por lo que cree que el gobierno no debería legislar grandes cambios de política debido a un puñado de casos.

“Debemos tener cuidado”, dijo Sclater. “No creamos políticas en aras de las excepciones, eso nunca suele servir muy bien a todo el público”.