La Alianza Evangélica Española (AEE) ha lamentado la politización del debate surgido alrededor del ‘pin parental’, la medida aprobada en una región de España (Murcia) que permite a las familias mantener el consentimiento de la asistencia de los hijos a determinadas actividades y charlas de diferentes temáticas, entre ellas y especialmente de adoctrinamiento sexual.

La Alianza Evangélica Española entiende que en el debate que ha surgido se identifican tendencias totalitarias y manipulaciones por parte del Gobierno español.

El meollo, explican en un Comunicado, no está en el contenido del conjunto de las actividades extraescolares o complementarias, sino que en algunas de ellas (que se presentan como promotoras del reconocimiento a la diversidad o inclusividad) se está cediendo a impartir la ideología de los colectivos del lobby LGTBI.

"Estamos en contra de que se esté imponiendo a nuestros hijos un código de valores cargado de ideología, que no permite la discrepancia, y que presenta como verdades absolutas dogmas ideológicos, algo así como una “religión laica”, resaltan.

Para la AEE no se trata de si este debate lo traen fuerzas políticas que a uno le simpatizan o le quedan muy lejos; "seamos responsables y saquemos la cuestión fuera de la confrontación ideológica, porque la reclamación de las responsabilidades de la familia no es una cuestión de derecha ni de izquierda, sino de todos".

La Alianza española cree que están en discusión "los límites del poder del Estado, los derechos y responsabilidades inalienables de la sociedad civil (y especialmente los de la familia); y un derecho fundamental en toda democracia: el de la objeción de conciencia. En el actual debate, el gobierno español amenaza a los tres".

El Gobierno español: libertades en riesgo

El gobierno español señala que defiende la aplicación de tratados internacionales suscritos por España, afirma la AEE, como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, cuando dicen todo lo contrario (1).

También, dicen, se está utilizando inadecuadamente el tema del discurso del odio para negar el derecho a la discrepancia. Así, "el Gobierno, cuando cita el Memorandum de la Convención Europea contra el Racismo y la Intolerancia, debería tomar nota de que este en su apartado 62 dice: “los organismos responsa­bles de supervisar la aplicación de las obligaciones de los estados en este asunto están preocupados porque [las restricciones al uso de discurso de odio] se pueden utilizar sin jus­tificación para silenciar a las minorías o para reprimir la crítica a las políticas oficiales, la oposición política o las creencias religiosas”.

Despolitizar el debate

Presentar el asunto como una confrontación entre la derecha y la izquierda, el conservadurismo y el progresismo, "es una falacia semántica, una manipulación con las palabras. Lo que está en discusión afecta a cuestiones transversales que interesan a todos por encima de filiaciones ideológicas" opina la AEE.

Por ello denuncian la desnaturalización del debate cuando se pretende convocar al sector “progresista” de la sociedad a apoyar sin fisuras los postulados del gobierno frente a la “derecha recalcitrante” ("es una presentación falsa")

No se trata ya del contenido de la educación en valores que el gobierno pretende imponer; se trata de algo más básico y supra-ideológico: el derecho y la responsabilidad inalienables de los padres en la educación en valores de sus hijos. En efecto, en cualquier momento, un gobierno de signo diferente podría suceder al actual.

La muestra más alarmante de la deriva totalitaria del Gobierno, afirma la AEE, es su argumentación final: la objeción de conciencia es, en su criterio, un privilegio que debe ser limitado. "La derecha intolerante jamás aceptó de buen grado el ejercicio pleno de la objeción de conciencia; sorprende ahora que la izquierda muestre la misma intolerancia caricaturizando la objeción de conciencia como una amenaza a la libertad".

Ante esta situación de restricción de la objeción de conciencia, ven un paso inicial hacia un “Gulag ideológico” que "despierta todas las alarmas en los que hemos sufrido intolerancia y persecución desde hace cuatro siglos".

Pueden leer el Comunicado completo en la web de la Alianza Evangélica Española.

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(1)

• La Convención de los Derechos del Niño dice en su art. 18.1 que “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.”
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su art. 26.3 que “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”
• Por su parte, el art. 2 del Protocolo Adicional de la Convención Europea de Derechos Humanos reclama que “El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”
• La Resolución 2163 (2017) del Consejo de Europa en su apartado 5.4 reclama “garantizar opciones fáciles de aplicar para que los niños o los padres obtengan exenciones de los programas estatales obligatorios de educación religiosa que estén en conflicto con sus profundas creencias morales o religiosas”.
• El art. 27.3 de la Constitución dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”