El llamado del presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen, más que una advertencia sobre el desorden interno del sector evangélico es, sobre todo, una defensa del orden como principio estructural para garantizar la credibilidad, la misión social y la integridad pastoral en la República Dominicana.

Su mensaje, realizado durante una entrevista en El Despertador, lejos de centrarse en polémicas recientes, apunta a una necesidad histórica: establecer reglas claras para un movimiento religioso que ha crecido más rápido que sus mecanismos de supervisión.

Lacen sostiene que la falta de regulación ha permitido que personas sin formación teológica ni respaldo institucional se autoproclamen pastores, afectando la imagen conjunta de quienes sí cumplen con los procesos tradicionales de preparación y acreditación. Su diagnóstico es directo, ahora mismo cualquiera que ponga cuatro sillas en una marquesina puede autodenominarse pastor.

Subraya la urgencia de ordenar el ecosistema evangélico, donde conviven concilios históricos, iglesias independientes y ministerios comunitarios. Para él, la solución no es perseguir a los actores informales, sino crear estándares mínimos de formación, supervisión y acreditación que protejan tanto a los fieles como a los líderes legítimos.

Lejos de una postura a la defensiva, Lacen admite que el propio sector evangélico debe revisar sus prácticas, verificar la existencia y práctica real de las iglesias afiliadas y evitar que personas busquen beneficios o exoneraciones identificándose como pastores sin respaldo legítimo. CODUE ya ha comenzado a implementar verificaciones presenciales para asegurar que las instituciones afiliadas existen y operan de manera seria.

El proyecto de ley sobre agrupaciones religiosas, ya en el Congreso Nacional, busca precisamente establecer ese marco de orden. Lacen explica que la iniciativa propone requisitos mínimos de formación teológica, acreditación por concilios o ministerios reconocidos y procesos claros para funciones sensibles como la celebración de matrimonios civiles.

Para CODUE, la regulación no es una amenaza a la libertad religiosa, sino una herramienta para proteger la integridad del ministerio y evitar que personas sin preparación asuman roles que pueden poner en riesgo a comunidades enteras.

En un país donde el movimiento cristiano tiene una presencia social amplia y decisiva, el mensaje final es contundente: sin orden, la credibilidad se erosiona; con orden, el sector evangélico puede seguir siendo un actor vital en la vida comunitaria, espiritual y social del país.

El caso Capellán como síntoma, no como centro del problema

Al referirse a la investigación sobre Ángel Gabriel Capellán, Lacen evita convertir el caso en un juicio mediático. Pide una investigación profunda y rigurosa, pero insiste en que el episodio revela una falla estructural que involucra también al Estado: la ausencia de controles estatales y religiosos sobre instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables.

Su postura es equilibrada: ni defensa automática por afinidad religiosa ni condena anticipada. Lo que reclama es orden institucional, tanto en el Estado como en el sector cristiano.

Orden también para el Estado

Lacen amplía el foco: el problema no es solo religioso. Hay hogares de paso, centros de atención y espacios que ofrecen servicios sin habilitación ni supervisión adecuada. La falta de controles estatales, acumulada por años, permite que instituciones de todo tipo operen sin estándares mínimos de seguridad y transparencia.

Su mensaje es claro: el Estado debe ser garante del orden institucional, y el sector evangélico debe asumir su parte de responsabilidad.