El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana en República Dominicana rechazaron la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permite las relaciones homosexuales dentro de los cuerpos policiales y militares del país.

El representante de CODUE, el pastor Feliciano Lacen, calificó la decisión como "un atentado a las buenas costumbres” de esta nación centroamericana, expresando su consternación por lo que considera un deterioro de los valores y principios que sustentan la moral social. 

"Es preocupante lo que está viviendo el país en cuanto a la moral, a los valores y a los principios. Instituciones como estas, castrenses, que están para cumplir y hacer cumplir los reglamentos jurídicos y los valores, el permitir una depravación como esta, de manera pública y legal, está dando un precedente inequívoco", declaró Lacen.

El dirigente evangélico sostuvo que la sentencia "no coopera con el contexto dominicano". Pidió mayor rigor en futuras decisiones: "El Tribunal Constitucional debe asegurarse, cuando va a emitir una sentencia, de que fortalezca el marco jurídico, pero también el buen uso de la buena costumbre, los principios, los valores, la moral, la ética, y no para complacer caprichos".

Por su parte, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto a otras instituciones evangélicas del país, también manifestaron su “profundo e irrevocable rechazo” a la reciente decisión.

En un comunicado, la entidad aseguró que la resolución es “inconstitucional” y que introduce disposiciones que afectan la naturaleza disciplinaria y normativa de los cuerpos militares y policiales.

Advirtieron que la medida “quiebra la esencia del orden castrense” y calificaron la decisión como contraria a la tradición cultural e institucional del país. Señalaron que, desde su perspectiva, la identidad dominicana se ha construido sobre valores familiares y principios que consideran fundamentales para la convivencia social.

“Esta sentencia no refleja el sentir de la mayoría del pueblo”, indicaron, al tiempo que sostuvieron que modificar los reglamentos internos de las instituciones militares implicaría “un riesgo para la estabilidad, la autoridad y la seguridad nacional”.

Otros pronunciamientos

El nuevo obispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también se unió a estas declaraciones y tildó el fallo de "desacertado" e "inconveniente".

El representante de la Iglesia Católica manifestó su profunda preocupación por la decisión judicial, exponiendo que el TC "debió ponderar mucho mejor el tema".

Desde su visión, al anular los artículos que castigaban la "sodomía" en los Códigos de Justicia, el tribunal está "abriendo puertas en instituciones importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad".

El obispo sugirió que el manejo de estos temas, se está realizando de manera sutil, trayendo a colación acciones previas como la boda entre dos hombres oficiada por el exembajador de Estados Unidos, James "Wally" Brewster.

La medida

El fallo que declaró inconstitucionales el artículo 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el artículo 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas) ahora elimina normas que sancionaban la "sodomía" (concúbito entre personas del mismo sexo) con penas de prisión correccional de dos meses a dos años.

Según el medio Listín Diario, el Tribunal Constitucional determinó que estas normas violaban el principio de razonabilidad y discriminaban de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectando derechos como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo.

Sin embargo, el fallo no fue unánime porque la magistrada Eunisis Vásquez Acosta emitió un voto disidente, argumentando que las normas debieron ser analizadas bajo la óptica del régimen especial de disciplina militar.

En este régimen especial, agregó Acosta, la restricción de ciertos derechos fundamentales está permitida por exigencias funcionales de cohesión y orden, postura que indirectamente respalda la preocupación de las iglesias sobre el impacto disciplinario de la sentencia.