La ONU exige liberar a cuatro indígenas evangélicos presos en Chiapas

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la detención de Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos, así como de otros cuatro indígenas evangélicos de Chilón y San Juan Cancuc.

La conclusión firme es que dicha detención fue arbitraria, y solicita al Estado mexicano su liberación inmediata, además de garantizar una indemnización y otras formas de reparación integral.

La decisión del grupo fue emitida el 15 de mayo de 2025 bajo la Opinión 21/2025, que incluye a Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco; todos detenidos en el año 2022 sin orden de aprehensión, incomunicados, sin intérpretes, sin acceso a defensa legal, y además sometidos al uso excesivo de la fuerza, según concluyó el organismo internacional.

El Grupo de Trabajo determinó que la privación de libertad violó múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que ubica el caso en las categorías I, II, III y V de detención arbitraria. La ONU ha solicitado al Estado mexicano responder a esta resolución a más tardar en octubre de 2025.

“El remedio adecuado es liberar inmediatamente a los cinco individuos y concederles el derecho efectivo a una indemnización”, señaló el organismo de la ONU.

Por su parte, la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH-Otros Mundos A.C.), en representación de Manuel Santiz Cruz, y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, como parte de la defensa de los otros cuatro indígenas, exigieron al Estado mexicano y a las autoridades judiciales de Chiapas dar cumplimiento inmediato a la determinación internacional.

Además, la resolución exhorta a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente que derive en sanciones para los responsables de la detención ilegal y las violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones recordaron que el Estado mexicano está obligado por tratados internacionales a garantizar la protección, restitución y reparación de las víctimas. En ese sentido, citaron el control de convencionalidad como principio obligatorio para las autoridades jurisdiccionales del país.

El exhorto también está dirigido a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, quienes deberán analizar la situación jurídica de los indígenas detenidos bajo el marco de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU.

Manuel Santiz Cruz es un defensor indígena tseltal de derechos humanos presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia de San Juan Evangelista en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. El trabajo de Manuel Santiz Cruz se centra en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.