Autoría de Esc. Gianella Aloise,

Pisc. Dina Boyadji y Psic. Soc. Viviana De Luca

(Editado por ED)

En los primeros días del mes de junio de 2025, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Uruguay realizaron la publicación del documento titulado “Interrupción voluntaria del embarazo, Año 2024”.

Desde el gobierno se sostiene que el aborto es una práctica accesible y seguro. Accesible es porque según el informe desde que se aprobó la ley hasta fines del año 2024 los abortos llegaron a 117.863 y el número de abortos provocados en 2024 llegó a 11.232 (31 abortos diarios). Es decir, 334 abortos más que en 2023. Sin embargo, no es tan seguro. Desde que se aprobó la ley hasta fines del año 2023 hubo 9 muertes maternas por abortos legales.

Los abortos son por lejos las cifras más altas de muertes violentas que se registran en Uruguay. En el año 2024 hubo 377 homicidios, en el año 2023, 763 suicidios. Ni las enfermedades por las que mueren más uruguayos, alcanzan a las cifras de abortos provocados. Por ejemplo, en el año 2024 murieron por enfermedades cardiovasculares 7.998 personas, y por cáncer 8.200, mientras en ese mismo año murieron víctimas de aborto, 11.232 niños por nacer.

Pese al creciente número de abortos las autoridades del gobierno pretenden reformar la ley de aborto, para ampliar los plazos y disminuir los requisitos para hacerlo, así como eliminar el plazo de reflexión establecido. Es decir, como mínimo, promover más muertes. Una ley totalmente opuesta al respeto y protección de la vida, de la madre y del niño por nacer, de la salud materna, y del declive de la sociedad uruguaya.

Favorecer el aborto, no la maternidad

Un dato relevante es que solo un escaso número (521) luego de consultar consultan al sistema de salud decidieron continuar con el embarazo. Y de las 11.232 que abortaron 11.222 lo hicieron por su propia voluntad, sin otro motivo; a las que se añaden solo 6 por violación y solo 4 por anomalías fetales incompatibles con la vida, sin ningún caso por riesgo de salud de la madre.

Esto contradice los principios generales establecidos en la propia ley, en cuanto a que el Estado reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y que la norma jurídica no constituye un instrumento de control de nacimientos sino de facilitar los mismos.

La realidad muestra que no se protege ni la maternidad, ni la vida del niño por nacer y que el número de abortos ha promovido la disminución en forma muy considerable de los nacimientos, para una población que cada año se muestra más envejecida y decreciente.

Por otra parte, las autoridades manifiestan que la mujer que aborta vive este hecho como una situación de angustia transitoria que se resuelve de forma natural. Sin embargo la experiencia en la clínica sigue mostrando que las secuelas psicológicas (el síndrome postaborto) perviven en la mujer durante toda su vida, afectando asimismo a su entorno y al personal médico interviniente.

Un declive social progresivo

Desde el gobierno se dice que la disminución de la población viene desde antes de la vigencia de la ley, que el número de abortos no impacta en la natalidad. Si bien hay algo de cierto, no se expone el panorama completo.

No se puede desconocer que en el año 2024 hubo tan solo 29.899 nacimientos frente a 11.232 abortos; es imposible que estos números no tengan incidencia en la tasa de reemplazo generacional. Y el total del número de abortos desde la vigencia de la ley, nos muestra que, si no se hubieran producido, hoy, por ejemplo, 7.171 adolescentes de 12 años de edad estarían cursando primer año de liceo o UTU y 11.232 niños asistiendo a un centro CAIF o a una guardería.

Últimamente se ha reconocido, al inicio de cada año escolar, la disminución pronunciada en el número de niños que asisten y el exceso de docentes.