Congreso peruano aprueba ley que involucra a padres en la educación

El pleno del Congreso del Perú aprobó este jueves un proyecto de ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el país, mediante la participación de los padres de familia.

Con el respaldo de las bancadas de los partidos Fuerza Popular, Alianzas para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre se aprobó la iniciativa de ley que, entre otros aspectos, señala que el Ministerio de Educación debe garantizar que los materiales educativos “se encuentren acordes a los principios de la educación peruana” y fomenta la participación de los padres en su elaboración.

Durante su discusión en el parlamento, la pastora y congresista Milagros Aguayo respaldó de manera vehemente la aprobación del proyecto. “Si nuestra Constitución promueve la paternidad y la maternidad responsable como política de Estado, esta no debe de estar orientada únicamente al tema de la planificación familiar, sino también a la responsabilidad de cada padre a involucrarse activamente en la educación de sus hijos”, dijo Aguayo en su intervención.

“Los niños no le pertenecen al Estado. Los hijos le pertenecen y están bajo el cuidado de los padres”, recalcó la congresista.

La normativa agrega que, dentro de la vigilancia a realizarse por parte de los padres de familia, la educación no debe ser un medio para imponer ningún tipo de ideología social o política.

En declaraciones dadas a Evangélico Digital, Aguayo recordó que “en el año 2018, la Comisión de Educación del Congreso denunció la publicación de links educativos con contenidos explícitamente pornográficos en los textos de educación secundaria”. La congresista agregó que por lo tanto, “la aprobación de esta ley garantiza que los padres de familia tengan conocimiento pleno del contenido educativo que se va a impartir a sus hijos, participar como veedores y críticos, más aún cuando la historia dentro del Ministerio de Educación nos ha demostrado el pésimo manejo de textos escolares que ha tenido”.

De igual modo, establece que los contenidos educativos deben estar orientados a promover y proteger el desarrollo integral de la personalidad mediante el desarrollo de valores ciudadanos, la educación sexual, prevención de adicciones, conductas delictivas y acoso escolar, entre otros.

Además, el documento establece sanciones para los funcionarios del sector educativo que no cumplan con los principios que establece esta iniciativa, como el “pleno respeto de la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y los padres”.