Nadie puede quitar un ápice de importancia a lo sucedido en el Capitolio de Washington el pasado día 6 de enero ni sorprenderse porque la prensa mundial se haya fijado en ello durante días.

Sin embargo llama la atención que los asaltos de dos parlamentos durante 53 días y 25 días respectivamente, apenas hayan tenido eco mediático internacional. Tal vez porque, a diferencia de a quienes señalan como culpables en el caso de Washington, quienes protagonizan estos atentados contra la soberanía popular en una nación teóricamente democrática como México no son sino grupos feministas violentos que reclaman el aborto.

Los diputados mexicanos, al tener ocupado el Capitolio, han estado sesionando en la sede alterna, aunque esto ha implicado gastos extras, incomodidad de sus trabajadores y sobre todo que no se puedan sesionar todas las comisiones para atender de lleno las iniciativas que quedan pendientes.

Sin embargo, lo que sorprendentemente ha llegado hace unos días de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso de la Unión es un exhorto dirigido al Congreso de Quintana Roo para atender la agenda feminista.

En el documento enviado al Congreso Local pedían “la oportuna y eficiente resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas por la Red Feminista Quintanarroense”, promovido por la diputada federal de Morena, Mildred Ávila Vera.

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia ante estos hechos ha declarado: “En México estamos siendo testigos de un hecho inédito e insólito. Un grupo sumamente violento de 20 mujeres, han secuestrado el Congreso del Estado de Quintana Roo, después de vandalizarlo, con la complacencia (o complicidad?) de la Comisión de Derechos Humanos que dictó “medidas cautelares” para proteger a quien está agrediendo. La única demanda de ese grupo es que se legalice el aborto sin discusión, sin análisis y sin que se escuchen las demás voces de la sociedad. Ya suman 53 días de impedir el trabajo legislativo, 53 días de vandalización, de violencia verbal, amenazas y abuso social”.

Secuestro en Quintana Roo

En México están siendo testigos de un hecho inédito e insólito. Un grupo sumamente violento de 20 mujeres, han secuestrado el Congreso del Estado de Quintana Roo, después de vandalizarlo, con la complacencia (o complicidad) de la Comisión de Derechos Humanos que dictó “medidas cautelares” para proteger a quien está siendo agresores. La única demanda de ese grupo es que se legalice el aborto sin discusión, sin análisis y sin que se escuchen las demás voces de la sociedad. Ya suman 53 días de impedir el trabajo legislativo, 53 días de vandalización, de violencia verbal, amenazas y abuso social.

Todo comenzó a finales de noviembre cuando, después de 48 horas de asedio al Congreso del Estado mexicano de Quintana Roo, las feministas que mantenían las protestas para reclamar una ley de aborto libre decidieron asaltar el edificio.

Una vez dentro del inmueble, decidieron no permitir la entrada de ninguno de los legítimos representantes políticos hasta que los diputados no se reunieran para aprobar sus exigencias. Tanto es así, que pasado mes y medio del asalto, los miembros del poder legislativo han tenido que elegir una sede alternativa para poder seguir con su labor en el Centro Internacional de Negocios de Chetumal.

Las feministas cuentan en esta maniobra de ocupación ilegal y secuestro del edificio en el que deberían tener lugar los trabajos legislativos del estado de Quintana Roo con la ayuda de Marco Antonio Toh Euan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

En este sentido, grupos provida realizaron la pasada semana una clausura simbólica de la Oficina de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para denunciar su apoyo.

Congreso de Puebla: 25 días de bloqueo

El encierro y bloqueo del Congreso de Quintana Roo no ha sido el único a cargo de feministas radicales en México. En las mismas fechas, pero con menor éxito tuvo lugar un intento similar en el estado de Puebla.

Pese a que se ejecutó en el mes de noviembre, aprovechando las movilizaciones del 25 de noviembre contra la llamada violencia machista, los planes para asaltar la sede de la soberanía poblana se remontan a meses atrás y fueron postpuestos debido a las restricciones por la pandemia de covid-19.

El asalto se hizo de manera muy calculada. Dos grupos separados entraron primero bajo la apariencia de ciudadanas anónimas que iban a hacer gestiones. Una de las feministas fingió un desmayo y, cuando los encargados de la seguridad estaban pendientes del incidente, un tercer grupo entró con pancartas y cadenas.

Las pancartas reclamaban «aborto legal ya» y repetían el manido lema de «nosotras parimos, nosotras decidimos». Para que no faltara detalle, desplegaron dos banderas que identifican a la llamada «comunidad trans», puesto que también reclaman una ley en este sentido. Las mujeres se encadenaron.

Otro grupo, en paralelo y perfectamente coordinado, acudió a una emisora de radio cercana y tras ocupar uno de los estudios, del que no pudieron ser desalojadas por el personal de seguridad, anunció por las ondas la toma del edificio y sus reivindicaciones.

Veinticinco días de bloqueo después, las feministas abandonaron el capitolio después de que los congresistas se comprometieran a debatir la despenalización del aborto en el estado de Puebla durante las 12 primeras semanas de vida prenatal del embrión.