Argentina│ Aprueban ley para dar asistencia espiritual a presos

Proyecto fue presentado por un senador evangélico de la provincia de Mendoza.

Enfoque Evangélico · BUENOS AIRES · 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 · 22:00

El estado del sistema carcelario argentino ha estado bajo debate en meses recientes,
El estado del sistema carcelario argentino ha estado bajo debate en meses recientes

El senador provincial de Mendoza, Argentina, Héctor Bonarrico, presentó un proyecto con el objetivo de autorizar a los ministros pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas e inscritas en el Registro Nacional de Cultos de la Nación, para que accedan a las cárceles y brinden asistencia espiritual a los presos. La Cámara de Diputados de Argentina lo convirtió en Ley este miércoles 2 de septiembre.

La iniciativa agrega concretamente un párrafo segundo al Art. 1 de La Ley 8.173, que ya establecía tal autorización para Ingresar a efectores de Salud Públicos o Privados.

“La religión no solo actúa como una expiación de la culpa, sino que también es un elemento que hace tolerar la privación de la libertad, genera un cambio y re-sociabilización frente a la familia. El discurso religioso habilita nuevas formas de ser, de pensar y de habitar en la cárcel”, afirma la nueva legislación impulsada por el fundador del partido MAS FE.

Asimismo, se estableció que los ministros de culto podrán “acceder a los efectores de salud públicos o privados, estatales o no, para brindar asistencia espiritual a las personas que deseen recibirla” y que esta autorización se extenderá al Sistema Penitenciario Provincial en sus distintas modalidades.

Según cifras del Gobierno, las 58 cárceles que componen el Sistema Penitenciario Bonaerense (SPM) "llegaron a contar con una superpoblación del 100 por ciento en su capacidad de albergue, que fue condenada en 2018 por la justicia y por los organismos internacionales de derechos humanos".

En los últimos meses el estado de los centros penitenciarios argentinos fue objeto de debate, debido a varios motines que se registraron al principio de la pandemia de COVID-19, en los que los presos reclamaban por las condiciones de hacinamiento y su potencial peligro de propagación del virus, que culminaron en la puesta en libertad a cientos de reclusos que presentaban factores de riesgo.

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