En 2018 un debate acaparó todas las miradas en el Congreso de Argentina. La legalización del aborto dividió a la sociedad argentina en dos colores: verde, para quienes están a favor, y celeste, el de aquellos que se oponen.

Entonces el proyecto fue rechazado en el Senado. Un año después, pasadas las elecciones presidenciales se viven tiempos de cambio y a diferencia del presidente Mauricio Macri, el presidente electo, Alberto Fernández anticipó que impulsará una nueva negociación en el parlamento.

En entrevista con el medio argentino Página 12, Fernández dijo que él mismo enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto e intentará “que salga cuanto antes. No depende de mí”. “Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto”, afirmó en la publicación del 17 de noviembre.

Primero que sí luego que no

Pero este mismo miércoles, se sucitó un estira y encoje político con respecto a la legalización del aborto en este país. En horas de la mañana se conoció que la secretaría de Salud de la Nación aprobó una actualización al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. En pocas palabras, el secretario de Salud Adolfo Rubinstein legalizaba el aborto por decreto.

Sólo unas horas después de lo hecho por la secretaría de Salud, por orden directa del propio presidente Macri, el Gobierno argentino anuló la actualización del protocolo que legalizaba el aborto.

La actualización del protocolo le daba rango ministerial al ya existente y, según explicó Rubinstein, no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

Apenas se conoció la noticia, comenzaron las voces críticas. La primera y más resonante fue la del senador Federico Pinedo, ferviente militante “por las dos vidas”, quien en sus redes sociales publicó: “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”.

Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica.

— Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 20, 2019

¿Distracción ante el programa de Educación Sexual Integral?

Según líderes provida argentinos consultados por Evangélico Digital, este “estira y encoje” político no es más que una distracción a otro tema por el que también luchan los pañuelos celestes: la modificación al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), a través de un proyecto de ley cuyo debate debía comenzar también este mismo miércoles.

La ESI, promulgada en 2006 mediante la ley 26.150, tiene como objetivo proveer educación sexual sobre la base de conocimientos científicos y la promoción de actitudes responsables ante la sexualidad, para prevenir problemas de salud pública como enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes.

Uno de los puntos que plantea el proyecto de ley es eliminar el respeto al ideario institucional según las convicciones de los miembros de cada comunidad educativa. En cambio, obligaría la inclusión de contenidos ESI sin posibilidad de adaptar las propuestas a la realidad sociocultural.

Con lo anterior, según aseguran los líderes provida y familia, se limitaría el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores.

El liderazgo provida hizo un llamado este miércoles a sus diferentes agrupaciones a través de redes sociales a comunicarse con los diputados celestes “para que en el transcurso de las próximas horas voten en contra de la incorporación de la ley 26.150 al temario legislativo en la sesión del día de hoy”.

Para los líderes provida y familia, la modificación a la ley ESI también vulnera normativas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que determina la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho de los padres a escoger preferentemente el tipo de educación para sus hijos; así como el Pacto San José de Costa Rica que declara el derecho a que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.