Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (C.Iber) ha enviado en el día de hoy una carta a Luis Arce, presidente de Bolivia, expresándole su “profunda preocupación” por la salud de la expresidente Jeanine Añez, detenida desde marzo de 2021 en una “injustificada detención preventiva” que se alarga sin que se produzca juicio alguno.

Las acusaciones de sedición contra Añez arrancan tras el fraude electoral de Evo Morales en 2019; comprobado por la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que precipitó la fuga de Bolivia del líder del MAS, arrinconado por las protestas populares en las principales ciudades del país, la rebelión de policías en Cochabamba (se negaron a arremeter contra los manifestantes), la deserción de parte de sus colaboradores y la postura de los jefes militares, que aconsejaron a Evo que dimitiera en noviembre de 2019.

Janine Añez ocupó la Presidencia del país siguiendo el orden Constitucional, y con enorme riesgo, tanto que los cargos que la precedían en esa escala no se atrevieron a asumir su responsabilidad. Incluso el MAS y Luis Arce (actual presidente) reconocieron la legitimidad de su actuación.

“Luis Arce, el mundo te observa”

El C.Iber expresa que las condiciones de su prisión vulnera los derechos humanos al “poner en riesgo su integridad física y mental” habiendo sufrido la semana pasada tres episodios de hipertensión arterial sin ser atendida debidamente, a lo que se une el estar en huelga de hambre, en un acto desesperado de denuncia por parte de Añez ante su situación.

“Estos lamentables hechos le desprestigian a usted frente a su nación y el mundo que observa la transgresión a la presunción de inocencia, el debido proceso, el retardo de la aplicación de la justicia (…) y en suma la falta de un Estado de Derecho” denuncia de forma contundente el C.Iber.

Con copia a Luis Almagro (secretario general de la OEA), Michelle Bachelet (Comisionada de DDHH de la ONU) y la Comisión Interamericana de DDHH; la carta termina exigiendo a Arce un trato humano, ajustado a derecho y a las garantías individuales que consagra la Constitución boliviana.

También este mes de febrero la ANDEB (Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia) expresó en un Comunicado que demandan al Gobierno “administración de justicia, respeto a los derechos humanos y constitucionales, exponiendo como un claro ejemplo de instrumentalización del interés político antes que de la presunción de inocencia, una justicia imparcial y universal, el manejo del caso de la ciudadana Janine Añez”. “Nos mantendremos en oración y en un estado de emergencia, convocatoria y movilización, para participar de todo proceso de reconciliación, justicia y pacificación que amerite vivir en el país, en reconciliación y paz, bajo la bendición y el temor de Dios.”

La abogada Fátima Oliva, boliviana evangélica y presidenta de AEL Mujer, ha declarado a ED que “Es muy duro lo que se vive en Bolivia, porque el poder judicial ahora lo han convertido en un instrumento opresor de parte del gobierno. ¡Más pronto pasará! Hay una nueva generación de políticos de oposición, que se están levantando también de comunicadores, que denuncian con firmeza, valentía, las violaciones de este gobierno”. Y citando a la Biblia, concluye afirmando que “Es urgente la restauración de la administración de justicia en Bolivia, porque como escrito está en Proverbios 14:34 que ‘la justicia engrandece a la nación”.