La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el 27 de junio de 2025 que los padres pueden excluir a sus hijos de clases en escuelas públicas cuando se utilicen libros cuyo contenido consideran que contradice sus creencias religiosas. La decisión, adoptada por mayoría de 6 a 3, afecta directamente al sistema escolar del condado de Montgomery, Maryland y es un precedente a nivel federal.

El Supremo recordó en su orden que "la práctica de educar a los hijos en las propias creencias religiosas, como todos los actos y prácticas religiosas, recibe una generosa medida de protección de la Constitución" y subrayó que ese derecho no se limita a enseñar religión en los confines de la propia casa.

El caso, denominado Mahmoud v. Taylor, surgió en 2022 tras la inclusión en el currículo escolar de textos con claras referencias a relaciones entre personas del mismo sexo, identidad de género y diversidad familiar que promocionan y normaliza el ideario y valores LGBTQ+. La eliminación del derecho de exclusión por parte de los padres dio lugar a una demanda judicial de familias de distintas confesiones religiosas.

En un primer momento, el distrito escolar ofreció a los padres la opción de excluir a sus hijos de estas clases, pero luego retiró sin aviso esa posibilidad. Las autoridades argumentaron que los opt-outs (es decir, la posibilidad de no participar en una actividad específica por decisión voluntaria) eran difíciles de gestionar y que podían generar estigmatización hacia estudiantes identificados con los personajes representados.

El fallo judicial se suma a una serie de decisiones recientes del tribunal que han ampliado la protección constitucional de la libertad religiosa en contextos educativos públicos. "Es una formidable victoria para los padres" que habían "perdido el control de las escuelas y de sus hijos", se apresuró a felicitar el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca

El grupo de expertos conservador Heritage Foundation celebró "esta contundente victoria para los padres estadounidenses, que afirma su derecho fundamental a impartir educación moral y religiosa".

Las alegaciones de los padres

Los padres que promovieron la demanda pertenecen al cristianismo (evangélicos, católicos y ortodoxos) y al islam. Alegaron que la exposición obligatoria de sus hijos a estos libros vulneraba su derecho de educación como padres y al libre ejercicio de su religión, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

No pedían retirar los libros de las escuelas, ni cambiar el currículo general, sino únicamente la posibilidad de excluir a sus hijos de clases específicas que consideraban contrarias a los valores de su fe. Alegaron que esa imposición representaba una forma de presión indirecta contra sus creencias.

Los padres también señalaron que el sistema escolar había modificado su política sin consulta cuando la opción de opt-out fue eliminada tras haber sido inicialmente implementada.

El fallo judicial del Tribunal Supremo

La Corte Suprema de EE.UU. sentenció que condicionar el acceso a la educación pública a la aceptación de contenidos que contradicen creencias religiosas constituye una carga inconstitucional.

La sentencia anuló el fallo anterior de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que había respaldado al distrito escolar en 2023. Entonces se concluyó que la exposición a ideas diferentes no obligaba a los estudiantes a abandonar sus creencias religiosas, aunque el juez A. Marvin Quattlebaum Jr., del mismo tribunal, expresó su desacuerdo. Opinó que los padres habían hecho una solicitud limitada y razonable. No buscaban censurar el contenido, sino ejercer su derecho a excluir a sus hijos de una instrucción específica.

Este fallo se suma a una serie de casos recientes donde la Corte Suprema respaldó derechos religiosos en contextos públicos. Entre los precedentes relevantes figura el caso de un entrenador autorizado a orar en un campo deportivo tras los partidos y el de una diseñadora web que declinó crear sitios web para bodas entre personas del mismo sexo por motivos de conciencia religiosa.

Estas decisiones reflejan una tendencia del tribunal a favorecer reclamaciones bajo la Primera Enmienda cuando estas colisionan con políticas de inclusión y no discriminación.