Países Bajos registró en 2024 un récord de 9.958 eutanasias, un 10 % más que el año anterior, representando el 5,8 % de todas las muertes del país, según los Comités Regionales de Examen de la Eutanasia.

Ahora las autoridades neerlandesas han confirmado la primera aplicación de la eutanasia a un niño de entre uno y doce años desde la entrada en vigor, en febrero de 2024, de la normativa que permite este procedimiento en menores con enfermedades incurables y sufrimiento considerado “insoportable y sin posibilidad de mejoría”. Aunque en realidad los cuidados paliativos permiten aumentar la dosis y la farmacología para aliviar los síntomas, aunque esto indirectamente pueda producir en algún caso la muerte, un concepto totalmente distinto de la eutanasia donde la muerte es el objetivo.

El Gobierno no ha revelado la edad exacta, el sexo ni la enfermedad del menor, ni tampoco información sobre su entorno familiar o el centro sanitario donde se realizó la intervención, alegando motivos de privacidad.

A diferencia de la eutanasia en adultos, el sistema neerlandés no exige autorización previa. El médico responsable notifica el caso a una comisión especial que revisa el expediente, entrevista al facultativo y remite su dictamen a la Fiscalía, que debe determinar si se actuó conforme a la ley. Este control siempre se realiza a posteriori, según recoge Le Figaro.

Esto se debe, explican, a que en el caso de menores la normativa establece que no puede existir una petición autónoma del paciente, ya que su edad puede impedirle comprender plenamente la situación. El consentimiento corresponde a los padres y debe añadirse la evaluación de un médico independiente que confirme que no hay alternativas razonables para aliviar el sufrimiento.

Ampliación progresiva del marco legal

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002. En 2014 se extendió a menores por encima de los 12 años con discernimiento y a bebés menores de un año con consentimiento parental. La reforma de 2024 completó el tramo intermedio, permitiendo la eutanasia en niños de entre uno y doce años en fase terminal.

El Gobierno estimó entonces que la medida afectaría a un “pequeño grupo” de entre cinco y diez niños al año para quienes los cuidados paliativos no fueran suficientes.

La ampliación del marco legal generó un intenso debate político y ético. Partidos conservadores y confesionales cuestionaron la norma, mientras que organizaciones médicas defendieron la necesidad de regular situaciones extremas en menores terminales.

Un caso que reabre interrogantes éticos y legales

Aunque la ley establece criterios estrictos —enfermedad incurable, sufrimiento insoportable, muerte inminente y ausencia de alternativas—, el hecho de que el control sea posterior y que la decisión no provenga del propio menor plantea interrogantes sobre:

- La capacidad real del sistema para garantizar que no existan abusos, dado que la revisión ocurre después del procedimiento. 

- El papel de los padres en decisiones irreversibles cuando el menor no puede expresar una voluntad comparable a la de un adulto. 

- La progresiva ampliación del marco legal, que algunos sectores consideran una “pendiente resbaladiza”, mientras otros lo ven como una respuesta compasiva ante casos extremos. 

- La falta de transparencia, ya que no se han divulgado datos clínicos, familiares ni institucionales del caso.

Aunque la Fiscalía neerlandesa nunca ha procesado a un médico por eutanasia infantil o neonatal cuando se cumplen los criterios de diligencia administrativa, estos procedimientos siguen tipificados en el Código Penal, lo que subraya la excepcionalidad y sensibilidad del marco legal.