La emisión del Memorándum No. 02‑2026 por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha provocado una fuerte reacción de la Confraternidad Evangélica de Honduras, que acusa al Poder Judicial de extralimitarse al ordenar a los jueces registrar la identidad de género autopercibida y utilizar el nombre social de las personas en procesos penales. El documento fue firmado el pasado 2 de junio.

En teoría la CSJ busca garantizar trato digno y no discriminatorio en los procesos judiciales mediante el reconocimiento de la identidad autopercibida, pero la Confraternidad Evangélica considera que tal reconocimiento implica una redefinición legal del sexo y la identidad que solo puede ser aprobada por el Legislativo, y que además introduce elementos ideológicos ajenos al marco constitucional.

El debate, por tanto, no se limita a un memorándum administrativo, sino que abre una discusión nacional sobre los límites de la autoridad judicial, la aplicación de la ideología de género a la vida pública y legislativa.

La organización evangélica hace la solicitud formal de anular el memorándum y que la Corte Suprema de Justicia lo deje sin valor ni efecto por considerarlo inconstitucional y carente de competencia legal para introducir cambios en materia de identidad de género.

Aunque la crítica se ha hecho usando principios jurídicos, la Confraternidad también apela a principios bíblicos de igualdad y dignidad, citando Gálatas 3:28. Subrayan que todas las personas deben ser tratadas con respeto y sin discriminación, pero sin alterar lo que consideran el orden constitucional y biológico establecido.

Argumentos legales de la Confraternidad evangélica

 La Confraternidad Evangélica sostiene en primer lugar extralimitación del Poder Judicial ya que el memorándum excede las facultades del CSJ ya que ninguna norma administrativa puede crear derechos o categorías jurídicas, y que el memorándum estaría actuando como si fuera una reforma legal sin pasar por el Legislativo.

En segundo lugar los líderes evangélicos advierten que reconocer la identidad de género autopercibida en procesos judiciales podría alterar la concepción jurídica del sexo biológico, con implicaciones en áreas como el registro civil, la familia y el matrimonio, protegidos por la Constitución hondureña.

Y en tercer lugar la Confraternidad afirma que el memorándum incorpora la ideología de género en el sistema judicial, lo que consideran contrario al pensamiento de la mayoría de las familias hondureñas y ajeno al marco legal vigente. Esta decisión compete únicamente al Congreso Nacional; y para ello citan artículos constitucionales (entre ellos el 1, 59, 112 y 218).