Mariano Velásquez Martínez, un pastor evangélico, fue encarcelado por más de 48 horas, obligado a pagar una multa y expulsado de su comunidad Santiago Malacatepec, una localidad del municipio de San Juan Mazatlán Mixe( Oaxaca, México) por negarse a realizar los ritos católicos durante la fiesta patronal.

De acuerdo con la denuncia, el pastor -que ejerce su ministerio desde 2015- fue detenido tras negarse a participar en rituales católicos. Aunque había sido obligado previamente a aceptar el cargo de mayordomo de la festividad de Santiago Apóstol, su arresto ocurrió cuando se negó a arrodillarse y rezar ante una imagen religiosa, argumentando sus convicciones cristianas.

Aceptó pagar una multa pese a sus escasos recursos, pero no bastó esto a la asamblea general que pretendía que realizase todo el protocolo religioso.

Por esta causa fue detenido y encarcelado el pasado sábado 17 de enero.  Tras cuatro días de prisión fue llevado atado de las manos ante la asamblea comunitaria con las autoridades municipales. Fue informado de la imposición de una multa y de que sería expulsado de la población, junto con su esposa e hija de tres meses de edad, por negarse a cumplir con las mencionadas tradiciones católicas de los pueblos mixes.

Finalmente su excarcelación se dio bajo presiones, irregularidades y actos de hostigamiento que derivaron en la salida forzada de él y su familia de la comunidad.

Velásquez Martínez denunció que fue forzado a firmar un documento en blanco, el cual podría ser utilizado para simular una supuesta “salida voluntaria” de la comunidad, con el fin de evadir responsabilidades legales por lo que, en los hechos, constituye una expulsión forzada.

Inútiles recursos legales

Este caso ocurre en un contexto jurídico relevante para el estado de Oaxaca. En septiembre de 2025, el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que reconoce explícitamente los conflictos por motivos religiosos como causas de desplazamiento, tipifica esta conducta como delito penal y establece penas de 10 a 18 años de prisión, así como multas de hasta 2 mil días de UMA.

La legislación contempla además agravantes cuando el delito es cometido por autoridades locales y en un contexto de violencia o hostigamiento familiar, como ocurre en este caso.

El municipio de San Juan Mazatlán cuenta con antecedentes de intolerancia religiosa. En 2023, al menos seis familias fueron expulsadas de la comunidad de San Pedro Chimaltepec por motivos similares. Con la ley vigente, organizaciones y denunciantes señalan que las autoridades estatales están obligadas a iniciar acciones legales contra los responsables.

Ante estos hechos, se hizo un llamado a la fiscalía general del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Gobierno para aplicar la ley de desplazamiento forzado, sancionar a las autoridades municipales involucradas, garantizar medidas de protección y reparación integral a la familia afectada, e intervenir en el municipio para frenar la persecución por motivos de fe.

La libertad de culto, subrayan, no es una concesión de las autoridades comunales, sino un derecho humano fundamental que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger.

El abogado Porfirio Flores también presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y solicitó que se emitieran medidas cautelares a favor del pastor evangélico.

Pese a la solicitud de medidas cautelares y la denuncia ante la Fiscalía de Oaxaca, Porfirio Flores aseguró que a la fecha no hay ninguna acción institucional y sostuvo que la respuesta del Estado mexicano es nula o insuficiente para atender los casos de intolerancia religiosa que han ocurrido en la entidad.