La Cámara de Diputados del Parlamento de Uruguay aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra, el proyecto de ley que permite la eutanasia para mayores de edad, psíquicamente competentes, con enfermedades terminales o sufrimientos extremos.

El proyecto, que ya fue presentado en seis ocasiones anteriores -entre ellas en 2022, cuando no logró avanzar en el Senado- cuenta ahora con un calendario favorable. Se espera que la Cámara Alta lo ratifique antes de que termine el año, impulsada tanto por la mayoría oficialista como por el amplio apoyo ciudadano a la causa.

Con su aprobación, la Cámara de Diputados da media sanción al proyecto de ley de eutanasia, conocido como “Muerte digna” ahora deberá ser debatido en el Senado, donde se espera su aprobación antes de fin de año.».

La iniciativa fue respaldada por la bancada del Frente Amplio y contó también con votos de legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado.

Este paso que ya se ha dado en otros países supone (como ocurre en el caso del aborto) abrir la puerta a una aplicación cada vez menos rigurosa y más amplia de los supuestos admitidos, llegando a convertirse en una ley de suicidio asistido. Para empezar, el término “sufrimiento excesivo” que ya se incluye es totalmente subjetivo e imposible de medir o cuantificar.

Contenido de la Ley

La propuesta regula el derecho de las personas a poner fin a su vida en contextos de enfermedad incurable, irreversibilidad o sufrimiento excesivo.

Podrán acogerse al procedimiento quienes cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de edad, estar psíquicamente aptos y padecer una etapa terminal con dolor intolerable o deterioro grave de calidad de vida.

Además, el procedimiento exige solicitudes formales, evaluaciones médicas independientes y la posibilidad de creación de una junta médica si hay discrepancias entre profesionales.

Asimismo, se prevé el establecimiento de una comisión honoraria, liderada por el Ministerio de Salud Pública, que revisará cada caso presentado y rendirá informes periódicos al Poder Legislativo. En caso de incumplimiento del protocolo, se aplicarán sanciones conforme a la normativa penal vigente.