Un proyecto de Ley en Perú propone separar a procesados por violencia sexual de instituciones públicas y empresas privadas que presten servicios dirigidos a menores de edad.

Ha sido en estos días, a finales de enero, cuando la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) presentó el Proyecto de Ley N° 10029/2024-CR, que propone la “Ley que protege a niños y adolescentes de personas procesadas por delitos contra la libertad sexual, proxenetismo y ofensas contra el pudor”.

La iniciativa tiene por objetivo proteger a niños y adolescentes de adultos procesados, que son investigados por delitos contra la libertad sexual, el proxenetismo y/u ofensas contra el pudor.

La propuesta se basa en el principio del interés superior del niño, estableciendo para estas personas investigadas la suspensión inmediata de sus labores en instituciones públicas y privadas cuyos servicios sean dirigidos a menores de edad.

“Hace unas pocas semanas se ha publicado una Ley para separar directores, docentes y personal administrativo de instituciones educativas, cuando cuenten con una sentencia condenatoria; sin embargo, no se ha pensado qué ocurriría las agresiones contra menores de edad se producen fuera de las instituciones educativas. Este es el vacío que la propuesta busca llenar”, señaló la autora de la iniciativa.

“No debemos exponer a nuestros niños a posibles agresores sexuales que trabajan en instituciones públicas y empresas privadas, por ello es necesario separarlos de los centros de labores cuando el trabajo se encuentre vinculado a menores de edad”, sentenció Jáuregui de Aguayo.

El proyecto de Ley

Para garantizar que la Ley, caso de ser aprobada, se limite a casos con claro peligro para los menores, la iniciativa exige que siempre se cumplan dos requisitos antes de suspender a quienes tengan procesos penales por delitos contra la libertad sexual: El primero, que el trabajo que realicen tenga relación con servicios públicos o privados a menores de edad. Y el segundo, que el proceso se encuentre al menos en etapa de investigación preparatoria.

Sólo en el caso de que se llegara a concluir el proceso con una sentencia condenatoria, la suspensión de labores del trabajador pasaría a ser una separación definitiva, pues ningún condenado por violencia sexual debe trabajar en instituciones públicas o privadas que presten servicios a menores de edad.