(Fuente: David Medina)

El pasado 26 de abril, alrededor de un centenar de evangélicos pertenecientes a la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión, dejaron sus hogares en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo en Hidalgo. Hidalgo es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades federativas de México.

Los evangélicos se dirigieron a la presidencia municipal de Huejutla, Hidalgo, en busca de ayuda ante la creciente persecución religiosa que están enfrentando.

Actualmente se encuentran allí refugiados, donde miembros de la comunidad evangélica les están proporcionando agua y alimentos. Su intención es permanecer allí hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Un mes de acoso y agresiones

La crisis más reciente comenzó el 25 de marzo, cuando el pastor Rogelio Hernández Baltazar y otros dos fieles fueron detenidos en la delegación de Coamila. Después de 48 horas de negociaciones, mediadas por un delegado comunitario, se alcanzó un acuerdo y fueron liberados.

Sin embargo, ignorando el acuerdo firmado, a principios de abril, los residentes de Coamila empezaron a invadir cinco propiedades de evangélicos, destruyendo cultivos, talando árboles y removiendo piedras. Tres casas fueron cercadas, impidiendo a los propietarios acceder a sus viviendas. Los creyentes fueron atacados físicamente en varias ocasiones, incluso con machetes, y casi todas las noches intentaron derribar la puerta de la casa del pastor.

El 25 de abril, los habitantes de Coamila y Rancho Nuevo cortaron el suministro eléctrico de todas las familias evangélicas, saquearon y cercaron el templo, y colocaron guardias en los accesos a la comunidad.

Finalmente, bajo la permanente amenaza e incomunicados, los creyentes no tuvieron otra opción que abandonar sus hogares y tierras.

Intolerancia religiosa desde 2016

Este problema de intolerancia religiosa ha estado presente desde 2016, ya que los residentes no aceptan la presencia de ninguna religión que no sea la tradicional. A pesar de que los creyentes colaboraron en obras de beneficio social, excluyendo las tareas para la iglesia católica, fueron sistemáticamente privados de sus derechos, como el acceso al cementerio, la asistencia de sus hijos a la escuela, el uso de pozos de agua, los beneficios gubernamentales, el derecho de tránsito, el cultivo y la posesión de tierras, además de sufrir múltiples agresiones físicas graves.

Se ha informado a las autoridades pertinentes en varias ocasiones, pero nunca se ha recibido una respuesta efectiva, y la persecución religiosa ha continuado.