La Conferencia Episcopal de Argentina (CEA) comunicó que en diciembre del pasado año concluyó, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la Constitución de ese país.

También se notificó que, en una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que “hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.

Hay que recordar que, en 2018, la CEA anunció su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales (en ese entonces representaban unos 130 millones de pesos anuales).

En julio de 2020, los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país.

Políticas de austeridad

El portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó en una conferencia de prensa que la renuncia a la asignación mensual coincide con la política de austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto del gobierno actual.

Según medios internacionales, la medida refleja la posición del Estado en no otorgar un trato desigual a diferentes religiones o cultos.

La asignación económica, que ascendía a unos 55 mil dólares al mes, se aplicaba en virtud del artículo 2º de la Constitución de la Nación Argentina, que establecía que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Sin embargo, la decisión de prescindir de estos fondos se gestó durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018, en un contexto de debate sobre la legalización del aborto.

La cantidad de fondos recibidos por la Iglesia Católica constituía un 7% de su presupuesto total de la nación, y la decisión de financiarla generaba polémica al considerarse un privilegio hacia una religión específica en un Estado no confesional. 

Los privilegios hacia esta organización se basaban en disposiciones constitucionales y legales que datan de la última dictadura, otorgando una asignación mensual a obispos y arzobispos.