En Chile fue rechazada una propuesta de constitución que habría establecido diversos derechos entre los que destaca la libertad religiosa. La elección se celebró en la modalidad de voto obligatorio para que el pueblo chileno decidiera si quería reemplazar la carta magna impuesta hace más de cuatro décadas por una dictadura militar.

No es el primer intento de cambiar la carta magna. Los chilenos ya habían rechazado una propuesta favorable a la ideología de género en septiembre de 2022. 

El proceso comicial arrojó que más del 55% de los votantes se declararon en contra del establecimiento de una nueva constitución, mientras que más del 44% mostró su apoyo a tener una nueva carta magna. 

El proyecto declaraba que en parte "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad" y "es deber del Estado y de la sociedad protegerlas y promover su fortalecimiento". 

También se incluía "el derecho a la vida", se afirmaba que "la ley protege la vida del no nacido" y se prohibía la pena de muerte.

Por otra parte, se declaraba que "el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" estaba garantizado y se incluía “la libertad de toda persona de adoptar, vivir y transmitir la religión o creencia de su elección".

La constitución propuesta también protegía el derecho a la "objeción de conciencia" y también valora los derechos de los padres y tutores que “tienen derecho a educar a sus hijos" y "a elegir su educación religiosa, espiritual y moral de acuerdo con sus propias convicciones". 

Diferencias

La carta magna actual de Chile de 1980 seguirá vigente. Según medios internacionales, tiene un artículo que identifica a la familia como "el núcleo básico de la sociedad", pero no incluye una declaración que resalte el "deber del Estado y de la sociedad de proteger a las familias y promover su fortalecimiento". 

También garantiza "el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de la persona", afirmando que "la ley protege la vida de quienes están por nacer", sin embargo, no menciona explícitamente a los "no nacidos".

Si bien la constitución propuesta prohíbe la pena de muerte, la vigente permite la pena capital en casos limitados.

Por otra parte, establece el derecho a "la libertad de conciencia, la manifestación de todos los credos y el libre ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o el orden público", pero no protege explícitamente la libertad religiosa. 

La Constitución vigente otorga a los padres "el derecho y el deber preferencial de educar a sus hijos" y "el derecho a elegir el establecimiento educativo para sus hijos" pero no hace referencia a la "educación espiritual y moral" como la carta rechazada. 

La constitución propuesta abarcaba casi 200 páginas y contenía más de 200 artículos. El documento fue preparado por el Consejo Constitucional, que se reunió a principios de este año.