Funcionarios del Ministerio de Justicia, Planificación Física, el Partido Comunista provincial y agentes de la Seguridad del Estado en Cuba acosan desde hace tres meses a una iglesia evangélica de Holguín. Así lo dio a conocer la periodista Yaiset Rodríguez desde Miami a través del Diario de Cuba.

Entre junio y julio de 2020, los pastores Uberney Aguilar y Yalina Proenza recibieron visitas y citaciones oficiales en al menos seis ocasiones, con el objetivo de amenazarlos y obligarlos a suspender de forma definitiva sus servicios religiosos.

Unos 60 feligreses se reúnen desde el 15 de febrero de 2017 en la iglesia Jehová Shalom, que “está debidamente oficializada por nuestra denominación y tiene todos los libros en regla para el funcionamiento correcto de la misma”, dicen los pastores, acreditados por las Asambleas de Dios en Cuba.

Sus miembros aseguran tener excelentes relaciones con la comunidad, pero sospechan que las autoridades quieren cerrar la iglesia e impedir su crecimiento porque muy cerca, “en este reparto, Nuevo Holguín, vive Ernesto Santiesteban Velázquez, nombrado hace dos años primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia”. 

Ya desde el año 2019, inspectores de Planificación Física, funcionarios del partido provincial y autoridades del Ministerio de Justicia hostigaban a esta congregación para impedir que se reuniera. “No daban ninguna opción, variante o alternativa a negociar. Sino que era un cierre rotundo, arbitrario, y sin ninguna solución”, dicen los pastores.

La propiedad donde se reúnen está a nombre de Maritza Zaldívar, una miembro de la iglesia. En 2019 solicitaron el permiso de culto ante el Ministerio de Justicia. No hubo respuesta de dicha entidad ni en la forma, ni en el tiempo reglamentado para hacerlo.

El 9 de julio de 2020, el director provincial de Justicia de Holguín, Nelson Flavio Plutín Santos, y el jefe del Departamento de Asociaciones, Ormani Rodríguez Tamayo, negaron finalmente a esta congregación el derecho de reunirse en dicha propiedad para practicar su fe. El hecho constituye otra violación a la libertad religiosa que la Constitución cubana dice respetar. 

Una de las formas que utiliza el Gobierno para reprimir a los grupos religiosos es la negativa a reconocer nuevas asociaciones, denominaciones o lugares de culto como “legales”. La Ley de Asociaciones de la República de Cuba excluye a los nuevos grupos religiosos y/o asociaciones eclesiásticas que desean funcionar dentro del marco legal.

El vacío legal permite las arbitrariedades

El vacío legal en Cuba se utiliza para limitar el crecimiento y la organización de los religiosos cubanos como parte de la sociedad civil. Cientos de iglesias y decenas de grupos religiosos permanecen sin reconocimiento. En ese limbo de ilegalidad forzada, el Gobierno ha demolido templos en todo el país, destruido y/o confiscado propiedades, multado y llevado a la cárcel a pastores por “asociación ilícita” y otros presuntos delitos.

Tal fue el caso de Ramón Rigal, bajo libertad condicional hasta febrero de 2021. A Rigal lo condenaron por educar a sus hijos en casa y por “asociación ilícita”. La iglesia que pastoreaba en Guantánamo no estaba inscrita en el Registro de Asociaciones, radicado en el Ministerio de Justicia.

Ese ministerio determinó también, el 14 de enero de este año, bajo la resolución No. 2/2020, "denegar la solicitud de constitución de la Asociación Fraternal, Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas". Las autoridades, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido y de sus agentes de la Seguridad del Estado, se han ensañado con los líderes de este grupo que representa una mayoría evangélica en la Isla.

Desde el nivel oficial y desde los blogs al servicio del régimen, se evidencia una campaña para desalentar la formación de la alianza. No reconocen los propósitos expuestos en su acta fundacional y la difaman con que reciben financiación de la CIA. También han regulado los viajes de sus representantes al extranjero.

La arremetida contra la iglesia Jehová Shalom, que celebra ahora sus servicios al aire libre, muestra los mecanismos y las intenciones de las autoridades en Cuba: congelar el estatus legal de las organizaciones religiosas históricas para limitar su influencia social, estorbar la apertura de lugares de culto y cerrar las puertas a la legalización de nuevas alianzas, asociaciones o grupos.