En el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, la CNDH recordó la tragedia que vivieron más de 30 mil indígenas tsotsiles, quienes fueron expulsados del municipio de San Juan Chamula, en los años setenta, esto por “abrazar religiones distintas a la católica tradicionalista”.

De acuerdo al último censo del Inegi, tiene Chiapas una población de 5 millones 543 mil 828, de los cuales 3 millones se consideraron como católicos, y 2 millones como protestantes o evangélicos. En Chiapas seis de cada diez familias que abandonan sus hogares, lo hacen para evitar agresiones por conflictos religiosos.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, Chiapas es el estado del país que registra a la mayor cantidad de personas que se consideran protestantes o evangélicas, así como la entidad que menos personas se consideran como católicas.

50 años de persecución e intolerancia

La violencia y las expulsiones por motivos religiosos, en Chiapas —especialmente en las zonas indígenas— tiene una historia de casi cincuenta años.

A pesar de que no existen cifras oficiales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expone en el Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno, que de 1974 al 2016 se documentaron más de 30.500 casos de desplazamiento interno en Chiapas, generado por intolerancia religiosa fundamentalmente con evangélicos.

Datos desde el año 2000

Por datos de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Chiapas del 2000 al 2006 -periodo en el que gobernó Pablo Salazar Mendiguchía-, se documentaron 226 casos de desplazamiento interno forzado por intolerancia religiosa; del 2006 al 2012 periodo en el que gobernó Juan Sabines Guerrero, se registraron 496 casos; y del 2012 al 2018 periodo en que gobernó Manuel Velasco Coello, se documentaron 233 casos de intolerancia religiosa, que derivaron el desplazamiento de familias evangélicas.

Pese a que el número de casos de desplazamiento interno forzado ha disminuido gradualmente tras implementarse la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, durante la actual administración se ha documentado la expulsión de familias por intolerancia religiosa, el último registrado en julio de este año en el municipio de San Andrés Larráinzar, en donde dos familias fueron despojados y desterradas por no cooperar para la celebración de una fiesta de la iglesia católica.