El Hospital Evangélico de Uruguay formalizó su postura institucional frente a la recientemente aprobada Ley de Muerte Digna (eutanasia), comunicando a sus usuarios que, por sus “principios cristianos”, no practicará eutanasia y derivará estos procedimientos a otros prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

La mutualista informó que actuará conforme al artículo 6 de la ley de eutanasia, que habilita a los prestadores con definiciones filosóficas o religiosas incompatibles con la aplicación de esta ley a acordar derivaciones formales hacia otras instituciones del SNIS, notificando el inicio del proceso al Ministerio de Salud Pública (MSP). El decreto reglamentario exige que ese acuerdo quede operativo en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud del paciente. La entidad sanitaria Círculo Católico evalúa si adoptará una postura similar frente a la eutanasia.

La Ley de Muerte Digna uruguaya fue aprobada en octubre de 2025; y es considerada una de las más liberales del mundo. Permite la eutanasia -aunque no el suicidio asistido- sin exigir que el paciente esté en etapa terminal, sin períodos de espera y sin límites temporales estrictos para la solicitud. Basta con que la persona padezca una enfermedad incurable que provoque un “sufrimiento insoportable”, incluso si el diagnóstico no es terminal 

El 22 de mayo de 2026 se registró la primera muerte por eutanasia en Uruguay, correspondiente a una mujer de 69 años con cáncer terminal, un mes después de que el Poder Ejecutivo reglamentara la ley.

Esta decisión del Hospital Evangélico abre un nuevo capítulo en el debate sobre la objeción institucional y la libertad de conciencia y religiosa en el sistema sanitario uruguayo.

Un hospital con firmes valores cristianos

La firme postura ética del Hospital Evangélico no es nueva. Tras la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012, la mutualista -junto con el Círculo Católico- acordó derivar a otras instituciones a las pacientes que solicitaran abortos, amparándose en el artículo 10 de esa normativa, que reconoce la objeción de ideario para instituciones con convicciones preexistentes.

En la información en su portal de internet, el Hospital Evangélico afirma estar “plenamente convencido” de que su compromiso con la salud implica “cuidar y acompañar en todas las etapas de la vida, hasta que la muerte sobrevenga de manera natural”.

La institución fundamenta su posición en su misión de “vocación cristiana” y en su visión institucional inspirada en las palabras de Jesús: “No he venido para ser servido, sino para servir”.

El hospital destaca la existencia de un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, integrado por médicos, enfermería, psicología y capellanía, orientado a aliviar el sufrimiento y ofrecer contención emocional y espiritual en un marco de privacidad y respeto. En base a esto entienden que esta red de cuidados permite “transitar con dignidad y serenidad el final de la vida”.

Su perfil institucional cierra con una cita de Cicely Saunders, pionera de los cuidados paliativos, y con un pasaje del Evangelio de Juan: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”.

Un marco legal amplio y cuestionado

La decisión del Hospital Evangélico reaviva la discusión sobre el lugar de las instituciones confesionales en el sistema de salud uruguayo y sobre cómo equilibrar el derecho individual a la muerte asistida con la libertad religiosa y de conciencia de los prestadores.

Organizaciones y expertos en bioética han cuestionado la amplitud del marco legal. El rabino y doctor en bioética Fishel Fernando Szlajen, integrante de un comité de bioética, advirtió que la ley “legaliza” la acción del Estado para dar muerte en determinadas circunstancias y que la verdadera respuesta al sufrimiento debería ser el fortalecimiento de los cuidados paliativos, que —según afirmó— resuelven “el 96% de los pedidos de muerte” 

También alertó sobre la “pendiente resbaladiza” observada en países como Canadá, donde la expansión progresiva de los criterios ha derivado en casos polémicos, incluyendo muertes asociadas a pobreza, falta de vivienda o condiciones psiquiátricas.